Los políticos se enfrentan a la búsqueda de la sostenibilidad financiera de los actuales sistemas de pensión pública.

Hoy nadie discute que uno de los grandes éxitos del Estado de Bienestar en los países desarrollados ha sido el espectacular incremento de la esperanza de vida que ha gozado su ciudadanía durante las últimas décadas del siglo XXI. Detrás de este dato, y si se examina con detalle, se da cuenta de que el crecimiento de la población senior viene derivado, básicamente, por unos mejores servicios sociales y sanitarios.

Expuesta esta información, se puede pensar que brillará una comunidad que vive feliz su Tercera Edad. Si se pregunta a este determinado colectivo por su grado de felicidad en España, sorprende que sus cotas de felicidad son inferiores a las expuestas por sus homónimos de los países nórdicos de Europa. Hay dos aspectos esenciales sobre dicha cuestión. La primera se focaliza en que el importe dinerario de sus pensiones es más bajo que el de los seniors de los países avanzados de la Unión Europea. La segunda se cimienta en una cultura y unos valores sociales que hacen que la jubilación suponga para muchas personas la puerta de acceso a los estigmas de la vejez (soledad, aislamiento o baja autoestima).

Un estilo de vida carente del calor familiar y afectivo que precisa su salud y estado psicológico. De este modo, este colectivo comienza silenciosamente su desvinculación social y familiar. Este periodo de tiempo se superpone con una fuerte disminución de sus ingresos monetarios, especialmente para las mujeres viudas que son el sostén dinerario de sus hijos y nietos (uno de los segmentos de la ciudadanía más olvidados por la sociedad y las políticas de igualdad de género). Todos estos factores, unidos a otros muchos, contribuyen negativamente en la satisfacción vital de las personas de la Tercera Edad, y, por ende, en su felicidad individual. Asumiendo la existencia de esta realidad, se requiere que los países lleven a cabo unas gobernanzas políticas decididas en afrontar el reto de cultivar una sociedad donde brote la felicidad de sus mayores, así como sus experiencias vitales. ¿Cómo se puede llevar cabo por las diferentes administraciones públicas? Desde el punto de vista de la economía, dicha acción se puede alcanzar a través del Happiness Management.

Una filosofía que a diferencia de otros modelos económicos ponen el foco en el interés general, la solidaridad, el bien común, y por supuesto, en la felicidad pro-social. Bajo estos elementos, se puede diseñar una economía que estimule la prosperidad desde el devenir de la felicidad intergeneracional. En este concepto se halla la tesis de que el Estado de Bienestar se cimienta en el desarrollo de unas políticas públicas que maximicen la felicidad de la población senior en sinergia con el bienestar subjetivo de su juventud. Para la consecución de este fin, una buena herramienta sería formular las siguientes cinco actuaciones públicas. La primera, equiparar las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional. La segunda, tomar los años de cotización a los sistemas de pensión pública como el periodo que se ha de tener derecho a la jubilación. La tercera, posibilitar a las personas trabajadoras ampliar, de forma voluntaria, su cotización a los sistemas de pensión pública para poder disfrutar de una digna pensión, así como a las personas viudas que no tienen derecho a una pensión contributiva. La cuarta, establecer a las personas trabajadoras un capital de dinero mínimo ahorrado para el derecho al cobro de sus pensiones. La quinta y última, concienciar a la juventud de la importancia que supone para la sociedad gozar de una población senior que disponga de unos ingresos monetarios que enriquezcan su calidad de vida, y no tenga que habitar en residencias geriátricas que a veces son aparcamientos de personas mayores.

Este ramillete de medidas, unidas a otras muchas más que han quedado en el tintero de este artículo, sirvan para que los políticos busquen la sostenibilidad financiera de los actuales sistemas de pensión pública, no solo desde las lentes de la ratio coste-beneficio; sino también en los principios rectores de que el crecimiento económico no tiene sentido cuando no se garantiza la felicidad de las personas de la Tercera Edad.

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