Las organizaciones valoran positivamente el nuevo Real Decreto que hace referencia a procesos de participación o a incluir criterios no financieros en sus esfuerzos por compatibilizar el desarrollo renovable con el mar. No obstante, consideran que el texto actual «se queda lejos de poder garantizar un despliegue de energía renovable marina que sea capaz de asegurar la conservación de nuestros mares y de tener en cuenta a las personas en su desarrollo». Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado sus observaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar.
Previa publicación del borrador de Real Decreto, las organizaciones ecologistas ya presentaron al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico una propuesta pionera para asegurar un marco normativo de la eólica marina, cuyo desarrollo fuera compatible con la naturaleza y beneficioso para las personas. Las organizaciones lamentan que el borrador de Real Decreto «siga dando muy poco peso a los criterios ambientales y sociales en la valoración general de proyectos en las subastas (30%), e insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales hasta el 25%». Inciden en que España cuenta con una plataforma continental marina muy rica en biodiversidad, «por lo que es especialmente importante asegurar tanto las mejores ubicaciones como los mejores proyectos para evitar potenciales impactos que, de producirse, podrían hacer fracasar el despliegue de renovables en el mar».
Por este motivo, las organizaciones ecologistas solicitan a la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera «ser incluidas en la mesa de trabajo en la que se negociará con los sectores interesados la implantación de la eólica marina en España y, en especial, las localizaciones de los parques».
Las organizaciones destacan la urgencia de lograr la neutralidad climática en la UE y en España no más tarde del año 2040, así como de cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30 % del espacio marino para el año 2030. Para que esto pueda ocurrir, dicen que es imprescindible que el despliegue de las energías renovables, tanto en el mar como en tierra, ocurra de forma ordenada y respetuosa con las personas y la biodiversidad.
En este sentido, y en línea con su propuesta de marco normativo enviado y publicado el pasado 13 de febrero de 2024, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado de manera prioritaria las observaciones al proyecto de Real Decreto, en las que destacan y exponen los aspectos clave que no pueden quedar fuera de esta regulación.
Validación de los polígonos Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER) delimitados
Las organizaciones ecologistas consideran fundamental limitar el despliegue de la eólica marina a las ZAPER, así como su apertura de forma escalonada; priorizando aquellas que representen un menor grado de impacto ambiental. Asimismo, proponen la realización de una Evaluación Ambiental previa llevada a cabo por la Administración para cada ZAPER, a fin de poder establecer un número máximo de aerogeneradores que podrían desarrollarse en el área y su ubicación óptima dentro de la misma. «En todo caso, deberá excluirse cualquier proyecto que pudiera colindar o solapar con Zonas de Uso Prioritario para la Biodiversidad», señalan.
Adjudicación de derechos en base a criterios sociales y ambientales
También lamentan que el borrador de Real Decreto «no establezca una obligatoriedad en la aplicación de criterios ambientales y sociales para los procesos de concurrencia competitiva, y que la puntuación de estos se haya visto limitada a un máximo del 30%». Las organizaciones insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales al 25%. En este sentido, solicitarán formalmente al gobierno modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para hacerlo posible.
Desarrollo y resolución del proceso de concurrencia competitiva
El borrador de Real Decreto prevé que el procedimiento de concurrencia competitiva quedará concretado y regulado a través de una posterior Orden Ministerial, un hecho que, a juicio de las organizaciones, «limita significativamente la participación pública durante el resto del proceso». En este sentido, consideran necesario «desarrollar y fijar las condiciones de concurrencia competitiva en el presente texto y, en todo caso, previo a la redacción de la Orden Ministerial que dé apertura al procedimiento de concurrencia competitiva, que se lleve a cabo un informe por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación para valorar y ordenar las ZAPER según su nivel de impacto sobre la naturaleza».
Definición del diálogo público-privado
Si bien las organizaciones ambientales valoran positivamente la propuesta de crear un diálogo público-privado con el fin de mejorar los procedimientos de concurrencia competitiva, lamentan que la iniciativa «no haya quedado establecida como un elemento estructural del proceso al no ser obligatorio y que, en su propuesta, haya excluido de dicho diálogo a otros sectores afectados». Por esta razón, proponen que la estructura y formato del diálogo «deba quedar previamente definido y que, en todo caso, cuente con la participación de las comunidades locales y las asociaciones de defensa del medio ambiente, además de con los sectores y administraciones públicas afectados».
Creación de un Fondo Público para el Apoyo Socioeconómico y Medioambiental
Finalmente, insisten en la necesidad de crear un fondo público para el apoyo socioeconómico y medioambiental en cada ZAPER, alimentado por un canon a la generación de cada proyecto destinado a la financiación de proyectos y actividades que fomenten el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección ambiental de la zona y las comunidades locales afectadas.
Por todo ello, el enfoque estratégico propuesto por las organizaciones ecologistas, señalan que tiene la intención de «equilibrar el necesario avance de la transición energética con las salvaguardas necesarias que puedan garantizar, por un lado, la protección de la biodiversidad y, por otro, un proceso de gobernanza inclusivo y participativo que resulte en el desarrollo justo, sostenible y suficientemente ágil» de la energía eólica marina en España.
