Los Estados miembros tendrán que garantizar normas de acogida equivalentes para los solicitantes de asilo en lo que se refiere, por ejemplo, a alojamiento, escolarización y asistencia sanitaria | Foto: UE

El Parlamento Europeo ha aprobado diez textos legislativos para reformar la política europea de migración y asilo, según lo acordado con los Estados miembros en diciembre. A fin de ayudar a los países de la UE sometidos a presión migratoria, otros Estados miembros contribuirán bien reubicando solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional en su territorio, aportando fondos o prestando apoyo operativo y técnico. Además, se actualizarán los criterios según los cuales un Estado miembro ha de examinar las solicitudes de protección internacional, el conocido como «reglamento de Dublín».

Abordar situaciones de crisis

El Reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor establece un mecanismo para responder al incremento repentino en la llegada de inmigrantes, garantizando la solidaridad y el apoyo a los Estados miembros que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países. Las nuevas normas también abarcarán la instrumentalización de los inmigrantes, es decir, cuando terceros países o agentes no estatales hostiles los utilizan con intención de desestabilizar la UE.

Control de nacionales de terceros países en las fronteras de la UE

Las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE serán sometidas a un procedimiento de control previo a la entrada durante un período máximo de siete días, que incluye la identificación, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad. Los Estados miembros tendrán que establecer mecanismos de control independientes para garantizar que se respetan los derechos fundamentales.

Procedimientos de asilo más rápidos

Se establecerá un nuevo procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional. En el futuro, la tramitación de las solicitudes de asilo en las fronteras europeas tendrá que ser más rápida, con plazos más breves en el caso de solicitudes infundadas o inadmisibles.

Reglamento Eurodac

Los datos de quienes lleguen irregularmente a la UE, incluidas huellas dactilares e imágenes faciales a partir de los seis años, se almacenarán en la reformada base de datos Eurodac. Las autoridades también podrán registrar si alguien puede suponer una amenaza para la seguridad o si es violento o va armado.

Requisitos de reconocimiento

El Parlamento también ha respaldado nuevas normas uniformes para todos los Estados miembros sobre el reconocimiento del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, y sobre los derechos concedidos a quienes reúnen los requisitos para recibir protección. Los Estados miembros deberán evaluar la situación en el país de origen basándose en la información de la Agencia de Asilo de la UE y el estatuto de refugiado se revisará periódicamente. Los solicitantes de protección tendrán que permanecer en el territorio del Estado miembro responsable de su solicitud o en el que se haya concedido la protección.

Acogida de solicitantes de asilo

Los Estados miembros tendrán que garantizar normas de acogida equivalentes para los solicitantes de asilo en lo que se refiere, por ejemplo, a alojamiento, escolarización y asistencia sanitaria. Los solicitantes de asilo registrados podrán empezar a trabajar a más tardar seis meses después de presentar la solicitud. Las condiciones de detención y la restricción de la libertad de circulación se regularán para disuadir a los solicitantes de desplazarse por la UE.

Entrada segura y legal en Europa

En virtud de un nuevo Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la UE, los Estados miembros se ofrecerán voluntariamente a acoger a refugiados en terceros países reconocidos por ACNUR, que viajarían a territorio europeo de forma legal, organizada y segura.

A partir de ahora, una vez que el Consejo apruebe formalmente el paquete, las leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Los reglamentos comenzarán a aplicarse en el plazo de dos años. En el caso de la Directiva de condiciones de acogida, los Estados miembros dispondrán de dos años para introducir los cambios en sus legislaciones nacionales.

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