Varios activistas de Ecologistas en Acción han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña después de que la Cámara Oficial Minera de Galicia presentara «una denuncia falsa» atribuyéndoles un «inexistente delito de coacción», que habría ocurrido el pasado 6 de septiembre cuando miembros de la organización llevaron botellas de agua contaminada de las minas de Toro en San Finx (A Coruña) a la sede de la organización.
Con la entrega de las botellas, los ambientalistas dieron respuesta a las declaraciones públicas de la Cámara Minera en las que se afirmó que «nunca ha habido problemas con la calidad del agua» en San Finx, a pesar de que, según la organización ecologista «los análisis del pasado mes de agosto revelaron niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces superiores al nivel máximo permitido por la legislación». Esos mismos análisis dieron lugar a un procedimiento sancionador contra la mina.
La acción «no duró más de tres minutos y fue completamente pacífica», como relatan los ecologistas, pero la Cámara Minera la calificó como un «ataque violento, llegando incluso a decir que el personal administrativo había sido obligado a beber agua contaminada».
Ecologistas en Acción sostiene que la denuncia es «el último y más escandaloso caso de una campaña continua y sistemática de acoso judicial por parte del lobby, utilizando acusaciones falsas e infundadas para intimidar y silenciar a las organizaciones que han estado denunciando la minería ilegal».
La organización explica que «este mismo verano», el propietario de la mina San Finx presentó «otra denuncia falsa contra Ecologistas en Acción por un inexistente delito de daños, dando lugar a una causa que fue archivada el pasado mes de octubre».
Proceso sancionador en marcha
La denuncia se produce justo cuando se inicia un procedimiento sancionador contra la mina por vertidos ilegales tras las denuncias de Ecologistas en Acción, que podría acarrear una sanción de hasta 300.000 euros y la retirada de la autorización de vertido. Recuerdan desde la organización que, un año antes, también la empresa de la mina de Varilongo, para que trabajó el presidente de la Cámara Minera, había presentado «una denuncia falsa contra Ecologistas ante el juzgado de Negreira.
Desde Ecologistas en Acción detallan que la Cámara Minera encomendó el caso al mismo abogado que había realizado otras acciones estratégicas contra la participación pública (SLAPP en sus siglas en inglés), «incluida una denuncia falsa de Cementos Cosmos contra Bierzo Aire Limpio, interpuesta en febrero de este año, y otra demanda por difamación contra el periodista Valentín Carrera, también desestimada por los juzgados de Vigo en 2019». También relacionan esta denuncia con la reciente victoria judicial de la entidad que obligó al cierre de la mina de Penouta, «empresa para la que actualmente trabaja el presidente de la Cámara Minera».
Reclaman medidas contra la Cámara Minera
Con esta acción que los ecologistas califican como «infundada», la Cámara Minera, dicen que «demuestra una vez más cómo sólo defiende los intereses de los elementos más atrasados del sector minero, desplegando un negacionismo absoluto ante todos sus impactos ambientales».
Consideran que el caso de la mina San Finx es un «claro ejemplo de sus esfuerzos por lavar de verde las peores prácticas del sector minero». Por ello, exigen que en la próxima legislatura se recuperen las competencias públicas que la Xunta de Galicia tiene atribuidas a esta entidad, «incluida la gestión del Censo Catastral Minero, así como las subvenciones multimillonarias que le han concedido en la última década».
