El representante de Tungsten San Finx, empresa concesionaria de la controvertida mina de Lousame, ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia. La empresa está acusada de presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. La vista, aplazada en varias ocasiones, ha sido fruto de la denuncia presentada por las cofradías de pescadores de Noia y Portosín, a la que se sumaron organizaciones ecologistas como acusación ecologista popular.
Decenas de representantes del mar, ecologistas y colectivos sociales se han concentrado ante el Juzgado de Noia para para mostrar su repulsa ante la actuación de la minera y exigir medidas inmediatas a la Administración gallega para solucionar el problema medioambiental, «dado que se producen los vertidos a sólo 7 km de la ría de Muros y Noia y del LIC Esteiro do Tambre, zona Red Natura 2000».
Requieren que se imponga de inmediato las fianzas necesarias, ante el riesgo de evasión por parte de la empresa, y que se aplique la tasa de control de derrames para garantizar que se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la continuación de los mismos, así como la Restauración del área afectada por presas de residuos mineros abandonadas.
«La solución es taponar las galerías de drenaje y sellar los cientos de obras mineras por las que se infiltra el agua», explica Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Plataforma regional contra los vertidos.
Empresa fantasma, riesgo de fuga y «Papeles de Panamá»
Ecologistas en Acción advierte de que hoy «se desconoce la identidad de los verdaderos propietarios de la mina, una vez que el control de la sociedad pantalla Metais Estratéxicos SL, con un capital de apenas 3.000 euros, se ejerce a través de sociedades intermediarias ubicadas en jurisdicciones opacas y los paraísos fiscales».
La presencia como administrador de Miguel Cabal, relacionado con el empresario colombiano Serafino Iacono, vinculado a los famosos ‘Papeles de Panamá’, «ha provocado que se encendieran todas las alarmas ante el riesgo de fuga», señala la organización.
«La rotura del dique de residuos mineros abandonado sería catastrófico, porque en pocas horas miles de toneladas de lodos tóxicos llegarían a la ría», advierte Ecologistas en Acción.
En esas circunstancias «la empresa desaparecería y nadie se haría cargo del desastre ecológico y de las pérdidas multimillonarias que se producirían en el sector pesquero y actividades afines». Por ello, subrayan, «es imprescindible actualizar el plan de restauración que la Xunta modificó de forma fraudulenta en 2020».
