Las cosas se complican por momentos para la empresa Tungten San Finx, SL, sociedad concesionaria de la mina San Finx, en Lousame (A Coruña). Ahora, a la presión social, se une la petición hecha por el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia para que se declare a Tungsten San Finx, SL como investigada por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, en relación a los altos niveles de concentración de metales pesados que vierte la mina.
De esta nociva contaminación dan fe los contundentes informes aportados tanto por el SEPRONA, como por la acusación popular ejercida por las cofradías de pescadores de Noia y Portosín y organizaciones ecologistas. Estos colectivos señalan que, según los últimos análisis, el pasado mes de octubre, «los niveles de cadmio aguas abajo del punto de vertido superaron 100 veces los niveles máximos permitidos por la legislación».
El representante de la empresa, Miguel Cabal Lorenzo, deberá comparecer ante el Juzgado el próximo 1 de febrero a las 10 de la mañana, circunstancia que aprovecharán los grupos ecologistas y marinos para exigir soluciones. Una protesta contra la negativa de la minera y de la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los vertidos que vienen denunciando los colectivos.
«El jueves 1 nos reuniremos frente al juzgado para exigir el sellado de galerías y basureros y la retirada de los residuos mineros acumulados en el río, y así acabar con los derrames de metales pesados», anuncia Joám Evans, portavoz de la comisión regional plataforma y Ecologistas en Acción.
Medidas contra la evasión minera
Desde cofradías y organizaciones ecologistas exigen medidas para que la compañía no se dé a la fuga, como ya hizo Sacyr anteriormente, en 2021, y la australiana Pivotal Metals el pasado verano. Por ello, además de reclamar que Aguas de Galicia imponga el cobro del canon por control de vertidos, que asciende a 30 millones de euros, han solicitado ante el Juzgado de Noia que se adopten medidas cautelares que obliguen a la empresa a iniciar actuaciones urgentes para la reinundación y sellado de las minas.
La Plataforma Regional contra los vertidos de la mina San Finx alerta de que es necesario «proteger eficazmente la ría contra la contaminación por metales pesados», lo que se suma a otros problemas recurrentes como las deficiencias en el saneamiento, la mala gestión de la central hidroeléctrica del Tambre o la reciente llegada masiva de plásticos.