El nuevo reglamento crearía un marco para hacer cumplir esta prohibición, incluso a través de investigaciones, nuevas soluciones de TI y cooperación con otras autoridades y países.
Según el texto acordado, las autoridades nacionales o, si hay terceros países involucrados, y la Comisión Europea investigarán el presunto uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de las empresas. Si la investigación concluye que se ha utilizado trabajo forzoso, las autoridades pueden exigir que los bienes pertinentes sean retirados del mercado de la UE y de los mercados en línea, y confiscados en las fronteras. Luego los bienes tendrían que ser donados, reciclados o destruidos. Los bienes de importancia estratégica o crítica podrán retenerse hasta que la empresa elimine el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro.
Las empresas que no cumplan pueden ser multadas. Sin embargo, si eliminan el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro, se puede permitir que los productos prohibidos vuelvan al mercado.
Bienes y zonas de alto riesgo
Ante la insistencia del Parlamento, la Comisión elaborará una lista de sectores económicos específicos en áreas geográficas específicas donde existe trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esto se convertirá entonces en un criterio para evaluar la necesidad de abrir una investigación.
La Comisión también puede identificar productos o grupos de productos para los cuales los importadores y exportadores tendrán que presentar detalles adicionales a las aduanas de la UE, como información sobre el fabricante y los proveedores de estos productos.
Herramientas digitales y cooperación, también con terceros países
Se crearía un nuevo Portal Único sobre Trabajo Forzoso para ayudar a hacer cumplir las nuevas reglas. Incluye directrices, información sobre prohibiciones, una base de datos de áreas y sectores de riesgo, así como evidencia disponible públicamente y un portal de denuncia de irregularidades. Una red sindical contra los productos del trabajo forzoso ayudaría a mejorar la cooperación entre las autoridades.
Las normas también prevén la cooperación con terceros países, por ejemplo en el contexto de los diálogos existentes o la implementación de acuerdos comerciales. Esto puede incluir el intercambio de información sobre áreas o productos de riesgo y el intercambio de mejores prácticas, en particular con países con legislación similar vigente. La Comisión, actuando como autoridad competente principal, también podrá realizar controles e inspecciones en terceros países, si la empresa pertinente y el gobierno del tercer país así lo acuerdan.
La coponente Samira Rafaela (Renew, NL) señala que «esta ley es innovadora en el campo de los derechos humanos. Evitará que productos de trabajo forzoso entren en nuestro mercado. Es un paso adelante para lograr un comercio justo y limpiar las cadenas de suministro, al tiempo que se priorizan los derechos humanos. Para combatir el trabajo forzoso e impuesto por el Estado, debemos trabajar con socios con ideas afines y convertirnos en un fuerte aliado en la lucha global contra el trabajo forzoso”.
Por su parte Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) considera que «el trabajo forzoso ha sido una realidad durante demasiado tiempo y sigue siendo una realidad para demasiadas personas. Se estima que en 2021 hubo 27,6 millones de personas afectadas, principalmente en el sector privado, pero también víctimas del llamado trabajo forzoso patrocinado por el Estado. El acuerdo que alcanzamos hoy garantizará que la UE tenga un instrumento para prohibir en el mercado de la Unión los productos elaborados con trabajo forzoso, así como para abordar diversas formas de trabajo forzoso, incluso cuando es impuesto por un Estado».
La regulación sobre trabajo forzoso se centra en productos y no impondrá requisitos adicionales de diligencia debida a las empresas que no utilizan trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Sin embargo, a menudo se asocia con la directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial que fue acordada provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo, pero que hasta ahora no ha recibido el visto bueno final del Consejo.
