La política de derivación de pacientes a la sanidad privada por parte de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, gestionada por el Partido Popular hace ya 15 años, siempre ha sido objeto de severas críticas en el ámbito de la salud pública. En los últimos cinco años, se ha documentado la transferencia de más de 417.000 pacientes del sistema sanitario público al sector privado, lo que no solo pone en evidencia una marcada tendencia hacia la privatización de la salud, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la calidad del cuidado sanitario ofrecido a la población gallega.
Esta estrategia ha supuesto la inyección de aproximadamente 2.500 millones de euros en la sanidad privada entre 2011 y 2021, representando cerca del 40% de los ingresos de este sector. Tales cifras, proporcionadas por Jorge Aboal, director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, revelan una dependencia preocupante del sistema sanitario público hacia el privado, evidenciando una erosión de los principios de universalidad y accesibilidad que deberían regir la salud pública.
El hecho de que Ferrol sea la zona sanitaria con mayor porcentaje de derivaciones hacia el privado, seguido por otras áreas, refleja una distribución desigual en el acceso a servicios sanitarios, lo cual puede agravar las desigualdades de salud en la región. Además, el incremento en el número de derivaciones en el período 2017-2021, en comparación con años anteriores, sugiere una intensificación de estas políticas de privatización bajo la administración actual.
Esta situación es aún más alarmante si se considera la crítica del Consello de Contas respecto a la forma en que se gestionan estas derivaciones. La falta de transparencia y el incumplimiento de la legislación de contratos públicos en la contratación de servicios sanitarios privados no concertados, mediante el uso de autorizaciones temporales de manera directa y sin competencia, es un claro indicativo de la gestión opaca y cuestionable del Partido Popular en lo que respecta al manejo de los recursos y servicios de salud pública.
El argumento del Gobierno gallego de que estos pagos representan una fracción menor del presupuesto sanitario total intenta minimizar el impacto de estas políticas, pero no puede ocultar el hecho de que estas prácticas comprometen seriamente la integridad y sostenibilidad del sistema sanitario público. La creciente privatización de la salud, lejos de ser una solución, representa una amenaza para el derecho a la salud en Galicia, evidenciando la necesidad de una revisión crítica y profunda de las políticas sanitarias implementadas por la actual administración del Partido Popular.
