Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, han detenido a 13 personas y rescatado más de 400 animales de compañía en la primera actuación conjunta de los cuatro cuerpos policiales. Se trata de uno de los principales operativos a nivel nacional, hasta la fecha, contra el maltrato animal, el intrusismo laboral, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación ha permitido neutralizar la continuidad delictiva de una red de comercio ilegal que conectaba Madrid, Barcelona, Andorra y países del Este de Europa, lugar de origen de algunos de estos animales. Los detenidos generaban grandes cantidades de dinero utilizadas, principalmente, para generar un patrimonio en España, Andorra y Dubái que ocultaban a nombre de personas interpuestas. La colaboración de los ayuntamientos afectados, de los Colegios de Veterinarios de Cataluña y Madrid, el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, de la Oficina de Protección de Animales de Barcelona, así como de diferentes asociaciones y protectoras tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado fundamental para la acogida, custodia, cuarentena y mantenimiento de los animales rescatados.
La investigación se inició a finales del año 2020 a raíz de varias denuncias realizadas en la Oficina de Protección de los Animales del Ayuntamiento de Barcelona por presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de salud de los animales que se vendían en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad. Esto motivó la práctica de inspecciones administrativas en dicho establecimiento, por parte de técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, localizando 33 perros enfermos.
Funcionamiento de la red y reparto de funciones entre sus miembros
Los investigadores evidenciaron el maltrato animal con la falta de cuidados en los animales que, además, estaba provocando la muerte de algunos de ellos. Por otro lado, sus cartillas sanitarias y pasaportes de viaje presentaban anomalías evidentes, lo que acreditaba un ejercicio sistemático de manipulación de su contenido. Los agentes también constataron anomalías en su transporte, en el trato que se les proporcionaba en destino y en su comercialización, detectando la presunta comisión, por parte de los investigados, de los delitos de maltrato animal, usurpación de funciones, falsedad documental y estafa.
Al investigar a las personas que estaban detrás de esta actividad, los agentes observaron una clara división de tareas y un funcionamiento en red compatible con una estructura comercial mucho mayor, pues disponían de más comercios asociados que parecían funcionar de la misma forma y, al tiempo, comercializaban animales a través de una página web.
Con el avance de las pesquisas, se comprobó que la Guardia Civil había hecho varias intervenciones y controles a transportes de animales relacionados con esta red criminal. Asimismo, la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación relacionada directamente con los hechos investigados en Barcelona.
Fue a partir de este momento cuando se creó, por primera vez, un equipo conjunto de investigación de los cuatro cuerpos policiales liderado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona y la Fiscalía Provincial especializada en medio ambiente que comprobó que estas actuaciones ilícitas se estaban llevando a cabo en diferentes establecimientos ubicados en Madrid, Cataluña y Andorra.
Transporte de animales y establecimientos de venta en pésimas condiciones higiénico-sanitarias
Tras varias gestiones policiales, los agentes detectaron que la organización se valía de varios métodos para adquirir los animales. O bien mediante la importación intracomunitaria desde países de Europa del Este, o dedicándose a la cría en centros ilegales administrados por los propios investigados, o bien a través de la compra ilegal por redes sociales.
El transporte de los animales se realizaba normalmente por carretera, en vehículos con espacio reducido y deficiente ventilación y en trayectos largos -en ocasiones más de 2.000 kilómetros, que sería el equivalente a más de 20 horas de desplazamiento-. A esto hay que sumarle también la falta de luz y de cuidados higiénico-sanitarios, así como la ausencia de empapadores o serrín suficiente para absorber las necesidades fisiológicas de los animales.
Las deficientes condiciones, tanto en el transporte como en el manejo de los cachorros, propiciaban el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas en alguno de los animales, lo que provocaba el contagio de éstas entre el resto de animales transportados. Posteriormente, las pésimas condiciones de los establecimientos de venta agravaban la situación produciendo el contagio del resto de animales que se encontraban en las tiendas. A causa de esto, los índices de morbilidad y mortalidad en estos establecimientos eran muy elevados.
Todos los animales disponibles se destinaban a la venta, independientemente de que estuvieran sanos, enfermos o incubando enfermedades infectocontagiosas. Esto provocaba, en muchas ocasiones, que al poco tiempo de la venta el animal manifestara o desarrollara la enfermedad.
Connivencia de clínicas veterinarias para engañar a los clientes y a las administraciones públicas
Existía, de forma integrada en la organización criminal, una veterinaria que facilitaba sus conocimientos y su firma para dar una imagen de fiabilidad suficiente con la que poder garantizar que los animales se vendían en buenas condiciones. Ésta asesoraba al resto de componentes de la organización sobre cómo ocultar o disimular registros y/u otros aspectos técnicos en los controles y/o inspecciones de las administraciones competentes.
Las clínicas que estaban bajo el control de los investigados, con la intencionalidad de engañar a los clientes y a las administraciones públicas, cometían de forma habitual y continuada infracciones relacionadas con la gestión de la documentación asociada a los animales. De esta forma, camuflaban el verdadero origen de las enfermedades y dolencias desarrolladas cuando los cachorros ya estaban bajo la custodia de los compradores.
En los centros de cría también se detectaron irregularidades relativas al trato y manipulación de los animales progenitores, especialmente en las hembras, cuya única función era la de parir en cada periodo de celo para obtener el máximo rendimiento de crías, independientemente de las consecuencias para su salud o la de los propios cachorros.
