El colectivo AgroIngenieros por el Mar Menor, colectivo que representa a más de 300 personas entre ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos, ha presentado un conjunto de «alegaciones contundentes» contra el proyecto «Cinturón Verde», propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
Esta actuación tiene como objetivo restaurar los ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y reducir la entrada de sedimentos, sólidos en suspensión y contaminantes, especialmente los nitratos provenientes de la actividad agrícola, que impactan negativamente en este entorno. Sin embargo, «a pesar de su loable objetivo», este colectivo muestra «preocupación y desconcierto debido a los múltiples errores y datos falsos presentes en el informe científico-técnico que respalda las futuras acciones, lo cual pone en entredicho la validez del informe».
Incongruencia legal sobre zonas de cultivos
Entre las numerosas alegaciones presentadas, explican que «destaca de manera significativa la incongruencia legal en el informe técnico sobre las zonas de cultivos. El proyecto tiene previstas actuaciones principalmente en los primeros 1.500 metros de la línea de costa, donde el Ministerio describe una rotación anual de tres especies vegetales (brócoli-melón-lechuga)». Sin embargo, señalan que «las diferentes legislaciones que coexisten en el Mar Menor prohíben expresamente el cultivo hortícola en dicha franja, lo que hace francamente difícil su implantación».
Además, cuestionan las estimaciones de nitrógeno vertido al Mar Menor y al acuífero por parte de los cultivos, «tal como se presenta en el informe técnico, ya que el informe no incluye mediciones que respalden estos datos, generando dudas sobre su veracidad». También apuntan otra alegación relacionada con el uso de fotografías para respaldar el proyecto, «basándose en premisas falsas como el cultivo en pendiente», dicen.
«Estas imágenes no reflejan la realidad, pues no existe cultivo en la zona mencionada, lo que cuestiona la validez y fiabilidad de la información proporcionada en el informe técnico y plantea interrogantes sobre la solidez de sus conclusiones».
Debido a todas estas «imprecisiones», AgroIngenieros por el Mar Menor ha recordado que la Unión Europea exige que «los fondos se asignen en base a medidas respaldadas por la ciencia, y ante la falta de dicho respaldo en el proyecto Cinturón Verde», instan a su «paralización inmediata hasta que se resuelvan estos asuntos y se estudien las alegaciones presentadas».
Posible denuncia ante las autoridades europeas
En caso de que el proyecto no se detenga hasta presentar un nuevo informe que respalde las acciones, la asociación tiene «la firme intención de denunciar la deficiente gestión de los recursos económicos comunitarios ante las autoridades europeas». Además, cuestionan la necesidad de gastar casi 23 millones de euros en «un proyecto cuya eficacia no está debidamente fundamentada». Por ello, exige «rigurosidad y transparencia en los datos y comparaciones», y pide que las acciones propuestas «vayan más allá de meras apariencias, buscando soluciones efectivas para mejorar la salud del Mar Menor y su acuífero».
Por último, reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y espera que estas alegaciones sean tomadas en consideración para garantizar la sostenibilidad y conservación de este valioso ecosistema. Además, enfatiza su apoyo a medidas que se ubiquen en la cuenca vertiente, siempre y cuando cumplan con criterios fundamentales, como contar con un aval científico y/o técnico real y veraz, ser evaluadas en términos de coste beneficio y estar libres de criterios ideológicos.
AgroIngenieros por el Mar Menor es un colectivo de 300 personas entre ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos del Campo de Cartagena. Tiene como objetivo principal proteger y salvaguardar el Mar Menor y aportar información a las autoridades sobre los motivos multifactoriales que han puesto a esta zona en un estado crítico, entre ellos la descarga de aguas residuales de origen urbano, la creciente urbanización y la recalificación del suelo para otros usos. Todo ello con la intención de defender la actividad agrícola en una región clave como proveedor alimentario no solo para España sino para toda Europa.
