De aquellos barros, estos lodos. Haití está al borde de la guerra y las bandas criminales, perfectamente financiadas desde el exterior, están tomando el poder por la vía de los hechos consumados. Exactamente se está produciendo lo que durante años lleva alertando a la comunidad internacional el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.
Sin embargo, hasta el año 2023 no se adoptaron las medidas que se debieron adoptar hace tiempo. La aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una misión internacional de seguridad liderada por Kenya fue un éxito de la diplomacia dominicana, pero, según muestran los acontecimientos, llegó tarde.
En la noche del sábado, las bandas criminales que controlan Haití lanzaron un ataque contra la prisión civil de Puerto Príncipe, lo que permitió la fuga de cerca de 3.600 presos, entre los que no se encontraban los mercenarios colombianos acusados de asesinar al presidente Jovenel Moise.
La fuga de estos presos gracias al ataque de las bandas criminales, engrosará sus filas, lo que generará mucha más inseguridad y actos violentos contra la población civil.
La respuesta del gobierno haitiano ha sido el decreto del toque de queda hasta el miércoles para toda la población y la orden a las fuerzas de seguridad para que utilicen «todos los medios legales para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores».
Estos hechos dejan claro que la Vía Abinader, la que lleva años demandando a la comunidad internacional, era la que habría que haber adoptado desde el año 2020, en plena pandemia. Lo que lleva reclamando el presidente Luis Abinader desde que llegó al poder en agosto de 2020 se ha demostrado que es el único camino para terminar con los continuos brotes de la violencia entre pandillas están forzando a decenas de miles de familias a abandonar sus hogares, asentándose en albergues improvisados donde enfrentan condiciones mucho más vulnerables que en sus antiguos hogares.
La situación actual, de la que se beneficia un pequeño grupo de privilegiados que vive fuera de Haití, continúa poniendo en peligro la salud, la seguridad alimentaria y económica de las personas, las expone a la violencia de género y ejerce presión sobre las infraestructuras locales y la cohesión social en las comunidades de acogida. Además, esta ola de violencia provoca que muchas familias no puedan cubrir sus necesidades básicas y los refugios inadecuados y las condiciones de hacinamiento exacerban aún más las tensiones, contribuyendo a la violencia y aumentando el riesgo de agresiones sexuales.
Mientras esto ocurre en Haití, la oposición dominicana sigue a lo suyo, a su egoísmo y sus ansias de poder. En ningún momento han apoyado al presidente Abinader. Es más, han hecho oposición con este asunto y, en cierto modo, se han colocado como adversarios en un asunto que es una cuestión de seguridad nacional. Ese es el patriotismo que demuestran o, más bien, el patrioterismo que enseña al pueblo dominicano quién está en política para buscar y garantizar el bien común y quiénes buscan sólo el poder y sus prebendas.
