El informe Incidentes y sucesos en las centrales nucleares españolas, 2019-2023 muestra que los fallos de funcionamiento y errores de mantenimiento que las centrales nucleares han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear suman 164 sucesos en cinco años, una media de uno cada 11 días. Ascó II es la central con más incidencias (33), seguida de Ascó I (30), Cofrentes (28) y Vandellós II (26). La mayoría se han calificado como INES-0, pero diez fallos se consideraron de mayor gravedad y se calificaron de nivel INES-1. La central de Vandellós II destaca con cuatro INES-1, seguida de Trillo con tres. Como referencia, el incendio de Vandellós I en 1989, el accidente más grave en el Estado español, se consideró INES-3.
Habitualmente los fallos que más preocupan a la opinión pública son los que obligan parar a la central. En estos cinco años, 37 sucesos impidieron la producción eléctrica del reactor durante periodos que llegaron a durar días. Ascó I es, con gran diferencia, la que ha tenido que parar más veces de modo inesperado. También es la central, junto con Vandellós II, con más problemas del sistema de refrigeración de componentes nucleares, la refrigeración de los sistemas de seguridad del núcleo.
Vandellós II es también la central con más sucesos relacionados con la conexión a la red eléctrica general, bien por problemas en el parque eléctrico o por inestabilidad de la red exterior, debidas a oscilaciones de la red o a tormentas. Por otra parte, son muy frecuentes los fallos relacionados con el equipamiento de sensores en Ascó I y II y Cofrentes. Se trata de instrumentación para controlar la operación de la central, también los problemas con válvulas de los sistemas auxiliares de refrigeración del reactor o de sistemas de expulsión de gases.
Según el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), existe, asimismo, «un alto número de incumplimientos de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), los documentos que establecen toda una serie de pruebas y restricciones de funcionamiento para evitar que se pueda funcionar si los sistemas de seguridad no están plenamente disponibles. Sin embargo, no siempre se cumplen en las centrales ni el CSN es siempre lo inflexible que debería ser en este tema».
La organización manifiesta que de cumplirse con el calendario de cierre pactado por las eléctricas y el gobierno, «todavía quedan 11 años de convivir con el riesgo de las centrales nucleares. La revisión de incidentes y fallos muestra que, mientras sigan en funcionamiento, no puede relajarse la vigilancia y la atención pública sobre ellas por el riesgo que suponen». También señalan el envejecimiento de las centrales nucleares que superan los 40 años y que «ha provocado el deterioro de numerosos sistemas e incrementado el riesgo. La inflexibilidad de estas energías, la extracción del uranio, los enormes costes y la peligrosidad de sus residuos radiactivos la hacen incompatible con la descarbonización de la economía».
En cuanto a estos residuos, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) vuelve a apuntar «lo insuficiente de un plan de gestión que deja para más allá de 2070 un almacenamiento definitivo». Mientras tanto, dicen, «se seguirán acumulando los residuos de alta actividad radiactiva en el entorno de las centrales nucleares». Así, frente a lo que consideran «intentos de la industria nuclear de seguir manteniendo su actividad, y lo que es más importante, evitar pagar por la gestión de los residuos nucleares que han generado», el MIA sigue exigiendo «el cierre de estas centrales, que se acelere el desarrollo de una solución definitiva en un emplazamiento viable y que sean las empresas propietarias, y no la ciudadanía, quienes asuman los costes».
