El TSJ de Galicia paraliza un proyecto minero aprobado por Núñez Feijóo

La decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia decreta paralización cautelar de la explotación en el municipio de Viana do Bolo (Orense) debido a los graves impactos que la mina tiene en el espacio protegido de Pena Trevinca en la Red Natura 2000

Hasta el momento, la contaminación ha afectado a las tomas de agua de la localidad de Viana do Bolo (Orense). Foto: Google Maps
Hasta el momento, la contaminación ha afectado a las tomas de agua de la localidad de Viana do Bolo (Orense). Foto: Google Maps

La organización Ecologistas en Acción lleva años denunciando los impactos de la explotación minera de Penouta, ubicada en Viana do Bolo, entre ellos los vertidos de residuos a los ríos de la zona y que afectan al LIC (Lugar de Interés Comunitario) Pena Trevinca de la Red Natura 2000. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido «provisionalmente» la resolución de la Xunta que autorizaba hace un año el proyecto de explotación de la mina propiedad de la compañía Canadian Strategic Minerals.

Marzo de 2022: Declaración de Impacto Ambiental favorable

Pese a las advertencias y alegaciones, la Xunta, cuando aún era presidente Alberto Núñez Feijóo, emitió, en marzo de 2022, una Declaración de Impacto Ambiental favorable que permitió a la empresa iniciar la explotación a cielo abierto, «aumentando los impactos ambientales sin evaluar adecuadamente la afectación a la Red Natura 2000, a la hidrología y las casas cercanas en el pueblo de Penouta». 

Ecologistas en Acción ha exigido a la Xunta que respete la decisión judicial y ordene la paralización inmediata de la actividad minera en cumplimiento de la decisión.

«Esperamos que el Gobierno gallego cumpla rápidamente el dictamen del auto judicial. Si no lo hacemos, iniciaremos acciones ejecutivas y reclamaremos la responsabilidad personal de funcionarios y altos cargos por los impactos generados”, subraya Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción.

La organización ecologista se muestra satisfecha con la decisión judicial y recuerda que, desde 2018, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha iniciado «varios expedientes sancionadores contra la mina por denuncias del servicio municipal de aguas, de la población afectada y también de ecologistas».

Un historial de vertidos

Expedientes sancionadores que fueron valorados por la Corte al emitir la orden de medidas cautelares, señalan, «ya que este largo historial de sanciones por derrames demuestra la forma en que opera la minería». Relatan algunos de los hitos de la empresa en cuestión: en 2018 fue sancionada por vertido directo, sin autorización administrativa, de aguas de escorrentía de la explotación minera en la acequia de Treita de Cortiñas. Meses después, el mismo organismo hidráulico volvió a sancionar a la empresa por los derrames resultantes de la falla crítica de una de las presas de la finca, provocando nuevamente daños al dominio público hidráulico. Luego, en 2021, mientras se realizaba la evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto, se impuso otra sanción por el derrame de lodos que afectó al sistema de riego Treita de Cortiñas y al río Rosario.

Exigen acción a la Confederación

Ecologistas en Acción ha informado de que, según informes de la administración gallega, las masas de agua de Treita de Cortiñas, Rego de Valdafranca y Rego dos Corvos superan en varios órdenes de magnitud los valores máximos permitidos de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, todas ellas sustancias peligrosas prioritarias, altamente tóxicas y en el caso de algunas de ellas cancerígenas. 

Hasta el momento, la contaminación ha afectado a las tomas de agua de la localidad de Viana do Bolo, «donde ya se ha tenido que interrumpir el suministro», apuntan. Situación por la que la organización ecologista incluso envió un informe al Ayuntamiento de Viana sobre los impactos en la salud que puede provocar la exposición prolongada a estas sustancias tóxicas.

Pudo haber sanciones mayores

En cambio, para la organización ambientalista «sorprende que todos los análisis realizados por la Confederación Hidrográfica omitieran precisamente los parámetros de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, lo que permitió a la empresa evitar sanciones mucho mayores por el incumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y que incluso se archivaron algunos trámites». 

Por último, Ecologistas en Acción advierte de que «la mina está intentando hacer pasar la contaminación existente como algo natural, como ya lo habían intentado, sin éxito, las minas de Toro y San Finx», y así evadir responsabilidades.

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