El sector pesquero europeo, representado por Europêche, ha criticado duramente el acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. El sector manifiesta que la norma es «irreal» y que «no especifica ni concreta los beneficios que va a aportar». En su opinión, pone en peligro la soberanía alimentaria europea «al debilitar la capacidad productiva y competitiva de su flota, más aún en el actual escenario geopolítico internacional». Por ello, el sector ha instado al Consejo y al Parlamento a rechazar el acuerdo político.
La organización ha señalado que considera «importante proteger y restaurar la naturaleza», pero creen que resulta «preocupante que este tipo de políticas se aborden sin rigor y que los responsables políticos de la UE ignoren aspectos fundamentales no especificados en el Reglamento». Así, el sector apunta la ausencia de una evaluación de impacto socioeconómico, y argumenta que «la Comisión no ha proporcionado ningún dato concreto sobre los costes y beneficios esperados ni para los Estados miembros, ni para los propios ecosistemas marinos, ni, por supuesto, para el sector pesquero».
Por el contrario, cree que la legislación se basa en «supuestos beneficios teóricos sobre los que es imposible construir una plataforma sólida para una formulación política de esta índole y sobre los que la Comisión apunta hacia una ampliación artificial del ámbito de aplicación que se traducirá en más cierres de zonas de pesca sin justificación científica».
Europêche también llama la atención sobre «las contradicciones de la Comisión, que reconoce que, según la Directiva sobre hábitats de la UE, menos del 2% de las zonas marinas europeas necesitan restauración, para proponer después, sin ninguna justificación científica, multiplicar por 10 las zonas que necesitan restauración (20% de los mares)». Como denuncia el sector, «este umbral va más allá del objetivo internacional acordado en Kunming-Montreal (COP15 – CBD), poniendo una vez más a la flota pesquera en desventaja competitiva». Con este enfoque, los Estados miembros, dice la patronal, «gastarán tiempo y millones de euros en identificar y restaurar artificialmente zonas que no necesitan restauración».
Según explica Daniel Voces, director general de Europêche, «el Reglamento sólo debería entrar en vigor cuando la Comisión proporcione datos científicos sólidos sobre el impacto que tendrá la nueva ley en la disponibilidad y los precios de los alimentos, los costes de las empresas y los caladeros afectados. Es una verdadera lástima que al final los responsables políticos hayan decidido no mantener esta orientación».
Otra preocupación para el sector es la falta de financiación adicional para la aplicación del Reglamento, «más aún si se tiene en cuenta, la presión que ya significa el proceso de descarbonización de la flota y soportar el cierre de caladeros tradicionales». A su juicio, “es difícil, absurdo y contraproducente suponer que los pescadores alcancen objetivos poco realistas con una financiación limitada, especialmente en un entorno económico difícil». Para Voces, «las nuevas ambiciones legislativas requieren una financiación adecuada. La propuesta no garantiza la creación de un fondo específico, sin el cual los objetivos serán inalcanzables y la política fracasará. Debemos recordar que la pesca es muy particular en el uso de los fondos y por lo tanto esta ausencia no podría cubrirse desviando fondos de otras áreas”.
Discriminación ante las renovables
A Europêche le preocupa igualmente la exención para las industrias de energías renovables del cumplimiento de algunas disposiciones de la legislación medioambiental. Este enfoque, afirma, «a la luz de las preocupaciones medioambientales no resueltas y destacadas por el Tribunal de Cuentas, en relación con las energías renovables marinas, crea unas condiciones desiguales y discriminatorias», pues considera que ambos sectores compiten por el espacio marítimo y se pregunta «si la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento sirve, precisamente, para cubrir esa excepción». De ahí que solicite un «trato igualitario para todas las economías azules».
Por último, concluye que «la UE está dispuesta a limitar su producción de alimentos una vez más sin siquiera considerar las consecuencias internas y externas». Para Europêche, el debate «turbulento» sobre la nueva ley medioambiental, «fortalece la vía de que la UE vuelva a un modelo en el que toda la producción de alimentos primarios esté bajo el mandato de un mismo Comisario y desea que así suceda en el próximo mandato de la Comisión Europea (2024-2029)».
Según Javier Garat, presidente de Europêche, «el sector defiende y trabaja por la protección de los recursos día a día y este enfoque simplista y buenista no va a beneficiar a nadie, ni a los profesionales de la pesca, ni a los Estados miembros, ni a los ciudadanos. Sólo va a servir para engordar la abrumadora burocracia europea y a los intereses que respaldan a los lobbies de las ONG ambientalistas de despacho»
