Las normas urbanísticas son el conjunto de reglas que forman parte del plan general de ordenación urbana y sirven para regular la actividad urbanística en toda la ciudad. La normativa urbanística regula desde la altura máxima que pueden alcanzar los edificios, hasta la localización de dotaciones como zonas verdes, centros educativos, asistenciales o la compatibilidad de usos. Por ejemplo, si en los bajos de una edificio de viviendas se puede instalar una discoteca, cocinas industriales o en la calle una terraza. Regular adecuadamente la compatibilidad de usos es uno de los aspectos más importantes para asegurar la adecuada calidad de vida de las personas que viven en la ciudad.
Si, el objetivo que guía al redactor de las normas es el interés general, buscará la forma para que la actividad económica se desarrolle de forma compatible con el bienestar ciudadano. Por el contrario, si el fin principal es favorecer el lucro privado, la norma buscará favorecer el beneficio por encima de la convivencia, incluso forzando situaciones claramente incompatibles. En opinión de Ecologistas en Acción, el Gobierno municipal de Madrid y el Grupo Municipal Popular se han decantado por la segunda opción.
Merma en el derecho de participación ciudadana
En primer lugar, en 2022, cuando la Junta de Gobierno aprobó inicialmente la modificación de las normas urbanísticas, la entonces Área de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes, concejal de Ciudadanos, se negó a ampliar el plazo de información pública, solicitada por diversos colectivos, lo que supuso una merma en el derecho de participación. El plazo fue de 45 días, iniciándose en periodo estival y, dado la complejidad técnica de la materia fue claramente insuficiente. De hecho, esta organización solo pudo alegar a 24 de las 29 propuestas de modificación que incluía el documento de aprobación inicial, por falta de tiempo.
Una cuestión grave, a juicio de Ecologistas en Acción, es que se utilicen las estructuras de gobierno y de representación del ayuntamiento para aprobar instrumentos normativos que vienen a legalizar actuaciones previas denunciadas. Es el caso de las nuevas “actuaciones temporales” que sustituyen a las “actuaciones provisionales” en vigor. Este cambio permitirá, por ejemplo, «la instalación de carpas para espectáculos en suelo urbano consolidado, enclavado en zonas residenciales, por periodos de hasta cuatro años, algo que la normativa vigente no permite». A pesar de no ser autorizable, explican que la anterior Área de Gobierno de Desarrollo Urbano «concedió licencia al espectáculo musical Espacio Ibercaja Delicias». Esa licencia está recurrida ante los juzgados contencioso-administrativos de Madrid. La nueva redacción legalizará la situación de este espectáculo, denunciado desde 2019 por el vecindario afectado por el ruido.
Adiós a la evaluación ambiental
La regulación de las zonas verdes, tanto privadas como públicas, es objeto de importantes cambios. Aunque la redacción es confusa, dicen los ecologistas, «parece que se pretende una drástica disminución de la obligación actual de ajardinar el 50% del espacio libre privado no ocupado por edificación sobre rasante de la parcela». Es decir, las zonas verdes y arboladas privadas podrán reducir sus superficie y sustituirse por fachadas o azoteas verdes o por pavimentos permeables, siempre que cumplan un nuevo parámetro que introduce la modificación y que se denomina “factor verde”.
En el caso de zonas verdes públicas «se permite el acceso rodado a edificios, lo que supone la apertura de viarios a través de las zonas verdes interfiriendo con los usos propios de zonas de descanso y causa importantes impactos en la vegetación y fauna de la zona verde. Ese acceso a edificios debería garantizarse mediante la necesaria red viaria», denuncian.
Por lo que respecta a la evaluación ambiental previa a la implantación de usos en zonas residenciales, ésta desaparece. En este sentido, alertan de los planes especiales de control urbanístico ambiental de usos obligatorios hasta ahora dan paso a la «implantación de usos potencialmente impactantes en zonas residenciales, se eliminan y se sustituyen por los estudios de repercusión por implantación de usos que no requieren la emisión previa de informes sectoriales y excluye la participación pública».
Patrimonio histórico y «fachadismo»
El patrimonio histórico es otro de los grandes perjudicados, en palabras de la organización, pues «la modificación de las normas urbanísticas hace valoraciones puramente formalistas y superficiales proclives a preservar únicamente las fachadas como elementos decorativos y no como un todo histórico.» Las técnicas constructivas, los materiales, la estructura, la volumetría, la composición, la organización y distribución de un edificio –y hasta su uso y el “hecho cultural” ligado al mismo‐ también pueden ser valores a proteger, consideran. Esta tendencia a caer en el “fachadismo” y el “decorativismo” dicen que «permite la demolición de edificios enteros manteniendo únicamente su envolvente o simplemente su fachada principal»
Cocinas fantasmas en barrios residenciales
En relación a las cocinas industriales o fantasmas (establecimientos que se dedican a elaborar comidas de pedidos para llevar a domicilio), aunque pasan a ser consideradas uso industrial, sigue permitiéndose su instalación en barrios residenciales a pesar de las quejas de los vecinos. La limitación que se establece es que no se superen 8 cocinas y que las instalaciones deberán tener aparcamientos interiores para los repartidores. «Pero estas medidas no eliminarán el problema de los olores y el constante tráfico por las calles residenciales», subrayan.
Apartamentos turísticos
Otra de los temas polémicos es el de los apartamentos turísticos, si bien se consideran uso terciario, «la redacción es tan confusa que no queda claro si se mantendrán las limitaciones actuales en relación a la necesidad de que deban contar con entrada separada e independiente a la de los edificios en los que se localizan».
En definitiva, la nueva normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que aprobará el Pleno, viene a consolidar un modelo de ciudad mercantilizado, inhabitable e insostenible.
