La organización ecologista está tramitando ante el Fiscal Coordinador de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo una denuncia contra el Ayuntamiento de Carboneras por el asfaltado de la vía pecuaria denominada Colada de Vera que conduce hasta el hotel ilegal de El Algarrobico.
Greenpeace solicita a la fiscalía que investigue si el Ayuntamiento de Carboneras ha cometido cuatro delitos: falsedad documental, contra los recursos naturales, prevaricación y malversación de caudales públicos. También denuncia que ,»como se ve en la publicación en redes sociales del propio Ayuntamiento, el motivo no es otro que asfaltar el acceso al hotel ilegal del Algarrobico, pendiente de demolición a falta de que se anule la licencia de obras.
Dicen que el asfaltado se ha hecho «con fondos europeos» y piden a la fiscalía que investigue «si el consistorio, para obtener las subvenciones de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aportado documentación falsa afirmando que las obras iban a consistir en la conservación del Camino de Santiago y una vía pecuaria«, según reza el cartel anunciador de las obras. En cambio explican que dicha actuación «ha supuesto la completa desaparición de ambos, sin señalización alguna de que por allí pasaba la Colada de Vera y el Camino de Santiago. Hechos que pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 y siguientes del Código Penal».
Según María José Caballero, responsable de campañas Greenpeace, “todo parece indicar que el Ayuntamiento de Carboneras no acata las sentencias judiciales que llevan a la ineludible demolición del hotel ilegal más tristemente famoso de toda la costa española. Todo lo contrario, parece que sigue tratando de legalizarlo. Ahora nos sorprende con el asfaltado de los accesos al inmueble. Esperamos que la Fiscalía de Medio Ambiente no permita este atropello”.
La zona asfaltada, además, está dentro de la servidumbre de protección que delimita la Ley de Costas y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por lo que puede ser constitutivo de «un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325 y siguientes del Código Penal».
También exigen que se investigue «si se ha incurrido en un presunto delito de prevaricación (artículo 404 y siguientes del Código Penal) pues la resolución de asfaltar con dinero público esta zona protegida se ha adoptado por motivos ajenos a la realidad de los hechos y con fondos cuya finalidad es la contraria». Greenpeace ha añadido en su denuncia que la utilización de fondos de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para beneficiar a un particular mejorando los accesos a una obra ilegal pendiente de ser demolida puede ser constitutiva de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 y siguientes del Código Penal.
