Ecologistas en Acción ha llamado la atención de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la irlandesa Mary Lawlor, en torno al «uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas por parte de la empresa minera Tungsten San Finx. Denuncias con celo intimidante contra las organizaciones ecologistas y sociales que vienen denunciando la situación ilegal de la finca y los daños medioambientales provocados por sus vertidos, a sólo 7 km de la ría de Muros y Noia».
Ecologistas en Acción señala que ha vuelto a ser objeto de una nueva denuncia por parte de la empresa, «esta vez por un acto simbólico realizado el pasado 5 de julio en el que fue bloqueada brevemente la tubería por la que la empresa realiza vertidos ilegales».
Precisamente a raíz de esta protesta y de las cartas enviadas a Aguas de Galicia por la organización y la plataforma regional contra los vertidos, se ha iniciado un procedimiento que podría imponer una sanción hasta 300.000 euros a la empresa, una vez comprobado que los niveles de cadmio en el río a pocos metros de la tubería taponada superan en 78 veces el máximo legal permitido.
Como consecuencia de la «nueva denuncia falsa de la empresa, que atribuye a Ecologistas en Acción un presunto delito de daños», explica la organización que el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia «abrió diligencias, siendo requerido a declarar investigado al representante de la organización».
Para los ecologistas: «Esto no es más que un intento desesperado de la empresa de silenciarnos mediante una acción legal contra la participación pública» , conocida como SLAPP en inglés, y que la Comisión Europea anunció que perseguiría a través de la nueva Directiva SLAPP».
Es la segunda vez en menos de un año que el grupo australiano presenta «una denuncia falsa» contra Ecologistas en Acción, que ya había sido denunciada en 2022 ante el Juzgado de Negreira «con un pretexto similar», meses antes de que la Xunta de Galicia declarara la caducidad de las concesiones mineras y de que se iniciara «un procedimiento sancionatorio por vertidos ilegales en contra de la mina Santa Comba. En ese momento, el Tribunal archivó de inmediato la demanda por falta de fundamento».
Aunque la organización ecologista confía en que el resultado esta vez será idéntico, han decidido denunciar el caso ante la relatora especial de la ONU «porque se trata de un uso sistemático del acoso judicial intentando criminalizar y frenar a los movimientos sociales para que no denuncien los hechos, las ilegalidades cometidas por las empresas».
Esperan de este modo que la experta, que viene denunciando este tipo de prácticas en todo el mundo, acuda a las autoridades judiciales españolas para tomar medidas contra la empresa. En cualquier caso, advierten de que «ningún tipo de acción legal ni amenazas de ningún otro tipo» le harán cesar en su labor de denuncia de «las ilegalidades de la mina San Finx».
«Un acoso judicial continuo»
Según Ecologistas en Acción, la minera Tungsten San Finx «es muy conocida por utilizar este tipo de estrategia de ataque judicial, pues ya en 2017 había denunciado ante los Juzgados de Noia a otras dos organizaciones ecologistas en situaciones similares. Verdegaia había sido denunciada por fotografiar obras ilegales, lo que dio lugar a un procedimiento sancionador en Aguas de Galicia en el que la empresa fue multada con varios miles de euros y obligada a derribar las obras ilegales. En el caso de ADEGA, el grupo ambientalista había sido denunciado por tomar muestras de agua, que luego de análisis arrojaron el grado de contaminación con metales pesados. En ambos casos, la Fiscalía solicitó el archivo de las acciones por tratarse de denuncias infundadas».
Hace unos días, la Cámara Oficial de Minería de Galicia, que representa al sector, anunció que también «iniciaría acciones legales contra Ecologistas en Acción, tras calificar un acto de entrega pacífica de muestras de agua contaminada de las minas de Toro y San Finx, organizado después de que la corporación minera declarara públicamente que los vertidos eran inofensivos, como un asalto violento a su sede y una intimidación de trabajadoras», concluye la organización.
