Veta La Palma. Foto: Ayuntamiento de Palma del Río

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la disposición de la Junta de Andalucía de comprar 7.500 hectáreas de Veta La Palma que pasarían a ser de titularidad pública, «con el objetivo de mantener inundadas, con finalidad exclusivamente ambiental, las 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua tras el cierre de las piscifactorías a finales de 2021».

Según Moreno Bonilla, «ello supondría el hito ambiental más importante en Doñana desde la ampliación del Parque Nacional en 1978, un hito que va a hacer a Doñana más resiliente frente al cambio climático y a la falta de agua».

También ha explicado que esta acción va a suponer un esfuerzo importante y que espera «contar con el apoyo de todas las fuerzas en este proyecto. La alternativa es dejar que las más de 3.500 hectáreas actualmente inundadas de Veta la Palma dejen de tener agua, lo que significaría un duro golpe para el Parque».

En relación con este asunto, ha concretado que «una vez que los terrenos sean públicos, se abrirá un proceso de investigación científica para que estos suelos se integren en el Parque Nacional, que aumentaría su superficie en un 14%».

Moreno Bonilla considera que «incorporar a Doñana 7.500 hectáreas de altísimo valor ambiental de Veta la Palma la mitad de ellas inundadas, es la mayor acción en favor de la conservación del Parque en las últimas décadas».

«Ley Anti Doñana»

El presidente de Andalucía no se ha referido, en cambio, a la «Ley Anti Doñana», que según datos de WWF permitiría la legalización de hasta 1903,7 hectáreas de fincas ilegales, lo que representa el doble de la cifra inicialmente anunciada. Esta extensión de terreno agrícola regable supondría un incremento alarmante del 20% de la superficie que actualmente amenaza a Doñana.

Es importante destacar que se trata de una amnistía de tierras de proporciones significativas, ya que estaríamos hablando de una superficie equivalente a 2.000 campos de fútbol. Estas 1903,7 hectáreas ilegales se encuentran ubicadas en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos en la provincia de Huelva.

La ley propuesta podría legalizar también, mediante la modificación de la Ley Forestal de Andalucía, hasta 471,3 hectáreas ilegales en zonas forestales. Estas áreas son aquellas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y otros frutos rojos.

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