Las organizaciones denuncian que por «decreto directo de medidas urgentes», el gobierno de España, contradiciendo la planificación energética de Canarias, aún en trámite, impuso la incorporación de gas fósil (GNL) en el sistema energético de las islas. Se trata de la puesta en funcionamiento de dos centrales eléctricas con su respectivas gasificadoras de 120 MW en el Puerto de Granadilla (Tenerife) y 70 MW en el Puerto de La Luz (Gran Canaria).
El impacto ambiental más grave, reconocido por un estudio del departamento de sanidad del Gobierno de Canarias es la incorporación de un millón de toneladas de CO2 en la ciudad más poblada del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, y de 1.700.000 toneladas de CO2 en Granadilla, municipio de más de 50.000 habitantes. Según el Frente Canario contra el Gas Fósil «se incumple, con estas infraestructuras de gas fósil, la ley de transición ecológica aprobada por la Costes Españolas que imponen planes de reducciones en emisiones de CO2 en ciudades de más de 50.000 habitantes partir del 2023».
Desvío de fondos del proceso de transición energética a las renovables
Explican que el objetivo de la industria energética «es construir infraestructuras que alimentan con gas fósil centrales térmicas nuevas y existentes, además de suministrar GNL a buques en puertos de Gran Canaria y Tenerife. Esta disposición es un riesgo real de inversión inútil y desvía fondos del proceso de transición energética a las renovables. Y lo hace de una forma inaceptable, como un añadido extraño al contenido de una norma que comprende un conjunto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania».
En 2021 la Autoridad Portuaria de Tenerife rechazó y archivó la solicitud de concesión de la planta de regasificación de Enagás en Granadilla, según Puertos de Tenerife. Sin embargo, con el RDL 6/2022 se intenta reactivar el proyecto con la disposición final cuarta que modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha desaconsejado su construcción en varias ocasiones, «ya que sería deficitario para el sistema gasista. La capacidad de regasificación sería de 1,3 bcm/año con un coste de inversión de unos 271,5 millones de euros. Entraría en funcionamiento entre tres y cinco años después de su construcción».
Cerca de una fábrica de explosivos
Totisa Energía SLU figura como promotora de una planta de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) para el suministro de este tipo de combustible a buques y la generación de electricidad, en una proporción que permita la mezcla con hidrógeno. «El proyecto pretende obtener una parcela privilegiada frente a Cueva Bermeja de 26.000 metros cuadrados, más otros 16.500 metros cuadrados de lámina de agua y 1.200 metros cuadrados de canalizaciones en subsuelo para el almacenamiento y suministro a buques». El proyecto se encuentra, en estos momentos, en tramitación ambiental, y se sitúa cerca de una fábrica de explosivos y a menos de 1.000 de zona habitada «por lo que es posible que incumpla directivas básicas como directiva Seveso».
Otro proyecto también promovido por Totisa Energía SLU pretende integrar una planta de gasificación, bunkering y una de generación de 70 MW en el Puerto de la Luz de Gran Canaria con un sistema de suministro eléctrico que permitirá atender las necesidades energéticas de buques e industrias en el área portuaria. Sus promotores señalan que sus motores son compatibles en un 25 % con el hidrógeno. Además, el gas y la electricidad darán soporte al resto de la isla. También pretenden dar uso al metano que se extrae de los vertederos.
