No hay vuelta de hoja. Sólo existen dos soluciones para desbloquear el proyecto de ley de amnistía. Una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y el indulto para aquellas personas que se queden fuera de la norma. Eso es lo que estudian los negociadores del PSOE, Santos Cerdán y Félix Bolaños, con los dirigentes de Junts, Jordi Turull y Miriam Nogueras. Estos insisten en que la medida de gracia debe abarcar a todos los implicados en el procès. No lo dicen claramente, pero lo que tratan es de blindar a Carles Puigdemont. Los socialistas argumentan, para oponerse, que el proyecto de ley, que se encuentra en la comisión de justicia del Congreso, está al límite de sus posibilidades y que incluir estas pretensiones significaría ser cuestionado por el Tribunal Constitucional y, lo que es peor, por la justicia europea. En cambio, el acortamiento de los plazos de algunas instrucciones judiciales supondría que el juez García Castellón ya no podría pedir una nueva prorroga para seguir investigando el Caso Tsunami y, por lo tanto, decaería el trámite judicial y los acusados de terrorismo podrían acogerse a la medida de gracia.
La reforma de la Lecrim para acortar los plazos de las instrucciones judiciales no abarcará a todos los casos. Habrá excepciones como son las investigaciones de delitos por corrupción y narcotráfico que requieren, en la mayoría de los casos, de comisiones rogatorias a terceros países que suelen demorarse. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, mostró sus reticencias a esta reforma porque “puede afectar a casos muy sensibles”. Nadie olvida que el gobierno de Mariano Rajoy ya hizo una reforma semejante con el objetivo de neutralizar las investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo en el Caso Gürtel. Y en Génova se acuerdan tanto que ha llevado a sus dirigentes a expresar que lo que quiere Pedro Sánchez “es una amnistía por la puerta de atrás para Puigdemont”. Se cree el ladrón que todos son de su condición.
El asunto de la reforma de la Lecrim quedaría para más adelante. Los socialistas están convencidos de que la instrucción de García Castellón, en lo que se refiere a la acusación de terrorismo para los dirigentes de Tsunami, no tiene recorrido. Incluso en el Partido Popular son conscientes de que no llegará muy lejos. Hay muchas lagunas y, además, el juez tendría que demostrar que Puigdemont y Rovira, a los que apunta como inductores de los actos que investiga, tuvieron “intención directa de atentar de forma grave” contra la vida de alguna persona o torturarla. La excepción en materia de terrorismo señalada en el proyecto de ley de amnistía.
En Junts no se fían de las maniobras que pueda llevar a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional y por eso insisten en que se necesitan incluir las cautelas necesarias para evitar que el expresident y la secretaria general de ERC tengan que pasar por la cárcel, aunque posteriormente se les indulte. En este sentido, el que fue diputado del Congreso por Convergència i Unió, Carles Campuzano, hoy conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, advierte a sus antiguos compañeros que no puede haber una ley de amnistía blindada al cien por ciento, ya que “las leyes, por definición, están sometidas siempre al control de los jueces en su aplicación”. Campuzano, que de legislación sabe muchísimo y se le puede considerar un experto jurista por sus 23 años de experiencia como diputado, dice, además, que la proposición de ley “resuelve la situación de la gente de a pie que ha sido sometida a la represión” y advierte a los dirigentes de Junts que no apoyarla sería “una grave irresponsabilidad que mostraría la falta de respeto hacia las personas que pueden beneficiarse”.
Las presiones sobre el entorno de Puigdemont para que Junts llegue a un acuerdo están arreciando a medida que se acerca la semana en la que se cumple el plazo determinado por la comisión de justicia para volver a remitir el texto al pleno. De ahí que este fin de semana se estén intensificando los contactos porque las dos partes son conscientes de que una nueva votación en contra del proyecto significaría para los soberanistas quedarse sin una medida que no sólo esperan los dirigentes del procès sino muchos ciudadanos que tienen abiertas causas por su participación en las acciones que se llevaron a cabo entre el 1 de enero de 2012 y la actualidad. Y en ellas se incluyen la consulta del 9 de noviembre de 2014 que se celebró bajo los auspicios de Artur Más, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y los disturbios tras la sentencia condenatoria del procès en 2019. Actuaciones judiciales abiertas no sólo en la Audiencia Nacional, sino también en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el Tribunal de Cuentas, y en los juzgados de primera instancia de Barcelona, Tarragona, Leída y Girona en donde se juzgan no sólo delitos de rebelión, desobediencia y desordenes públicos, sino también la malversación de caudales públicos.
Por su parte, los socialistas son conscientes de que un desacuerdo no sólo supondrá acabar con el proyecto de reconciliación que se pretende con Catalunya, sino también serias dificultades para seguir adelante con la legislatura. Aunque insisten en que ésta no corre peligro, iniciativas como es el proyecto de ley de presupuestos para este año no saldrán adelante y habrá que prorrogar los de 2023 que todavía están en vigor. Además, se hará muy difícil mantener la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno progresista. Y las iniciativas legislativas previstas, muchas de ellas de carácter social, quedarán en el cajón de los ministerios. De esa manera será muy difícil aguantar cuatro años.
Ambas partes son conscientes de lo que se juegan y de hasta donde pueden llegar. La única solución pasa porque Junts acepte la oferta de reforma de los plazos de instrucción judicial y, en última instancia, los indultos para los que queden fuera de la medida de gracia.
