El abuso del concepto transformación digital ha hecho que pierda su valor. Las empresas saben lo que es y supone, pero la sociedad no lo tiene del todo claro. Sea como sea, su importancia reside en que haya una conectividad perfecta en la mayor parte de España. Para eso, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, debe centrar entre sus prioridades la revisión de la ‘Ley de Telecos’. El tiempo apremia.
La carrera de los grandes operadores por desplegar fibra en España parece que soluciona cualquier problema con respecto a la conexión a internet. Parece, de manera equivocada, que habiendo redes por todos lados se soluciona cualquier conflicto. Pero esto no es así. Las diferentes normativas y regulaciones deben ajustarse para que todos, grandes y pequeños, salgan beneficiados.
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) pide al nuevo ministro que convierta en prioridad el desarrollo de los reglamentos previstos en la Ley General de Telecomunicaciones, comenzando por el referente al plan de despliegue, un documento marco que debe aprobar cada ayuntamiento y donde los operadores establecen las líneas generales de su red.
La regulación, a juicio de la asociación, es esencial dado que muchos ayuntamientos -en especial los pequeños- se ven en la tesitura de tener un personal limitado y sin formación específica en telecomunicaciones para aplicar la nueva ley. El problema es que no está plenamente desarrollada y, por eso, deja cuestiones abiertas a la interpretación. Para Aotec, “debe exitir una norma detallada que aplicar que facilite su labor y, como consecuencia, la expansión de la banda ancha».
Una Ley no cerrada
Está previsto que el desarrollo legislativo suponga la generación de, al menos, cuatro reglamentos diferentes. No abordarlos “puede ralentizar la consecución de los objetivos de despliegue de redes de alta generación previstos para el año 2020″, advierten desde la asociación. Hasta el momento se ha aprobado solo uno, el que implica a la reutilización de infraestructuras existentes para el despliegue de redes de alta capacidad, una normativa “muy útil aunque insuficiente”.
A juicio de Aotec, el reglamento del plan de despliegue debe ser una de las primeras cuestiones que aborde Álvaro Nadal, pues es “crítico”, ya que se trata de un documento marco sobre el trazado de red. Se trata, por lo tanto, de una herramienta destinada a facilitar la colaboración con el ayuntamiento y en la que no se precisaría llegar al detalle que requiere una licencia -que se pide posteriormente- sino trabajar en los elementos que va a tener el trazado.
Como consecuencia, facilita la ejecución por fases de las obras y acelera el inicio de las mismas al tener el aspecto técnico resuelto. Por otra parte, la nueva normativa “debería detallar qué elementos técnicos y administrativos tiene que incluir el plan así como el proceso para presentarlo, los plazos para el pronunciamiento del consistorio y también determinar el organismo que debe intervenir en caso de conflicto”.
Necesidad de un ‘corpus legal’
Desde Aotec se valora la existencia por parte de la hasta ahora Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), de una nota oficial sobre redes de comunicaciones electrónicas en los edificios, con la que se pretende “contribuir a evitar controversias entre los operadores y las comunidades de propietarios, tanto para el despliegue de los tramos finales para atender las necesidades de los vecinos de cada comunidad, como para poder dar la debida continuidad a la red que permita dar servicio en otros edificios”.
Sin embargo, dicha nota, al igual que otros informes o las oficinas existentes en comunidades autónomas, la CNMC y los informes del Ejecutivo, “carecen de la fuerza de un texto legal”. Por eso se ejerce dicha presión sobre la cartera de Álvaro Nadal.
La Estrategia establecida por España para cumplir con la Agenda Digital y universalizar el acceso a internet en el país se marca el objetivo de que antes de finalizar el 2020 se pueda ofrecer “a todos los usuarios a una velocidad mínima de Internet de 30 Mbps, y que al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps”.
Además, para Aotec, con una economía en plena evolución tecnológica, el desarrollo de las smart cities y una ciudadanía cada vez más acostumbrada al uso de las nuevas tecnologías, la conexión instantánea y de calidad se ha convertido casi en una exigencia. Para seguir con el proceso de digitalización del país “es necesario contar con redes con gran capacidad de ancho de banda y los operadores locales de telecomunicaciones son la respuesta en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes”, defiende.
