Los vecinos y plataformas que siguen sufriendo importantes emisiones pulverulentas originadas en la planta de molienda de la Cantera “Santa Rita VI”, gestionada por COLINA CIMAR S.L. en el paraje de Balonga (Abanilla), debido a su actividad de extracción de piedra ornamental y para la construcción, han alertado de que «la empresa no aplica las premisas y los condicionantes que se indican en dicha autorización, cuya resolución fue dictada por el entonces Director General de Medio Ambiente de Murcia, Francisco Marín Arnaldos».
A pesar del establecimiento en la Autorización Ambiental Única (AAU) de medidas, prescripciones y condiciones técnicas hace ya más de un año y medio, y de la denuncia por parte de Ecologistas en Acción, por incumplimiento de las mismas ante la Dirección General de Medio Ambiente, «la empresa no ha llevado a cabo los ajustes que permitan el restablecimiento del entorno y la habitabilidad del medio«, denuncia la organización.
En febrero de 2023, tras múltiples quejas y denuncias vecinales, la AAU concedida a COLINA CIMAR, S.L. un año antes, «continuaba sin cumplirse. La situación es la misma con el agravante de la meteorología extrema que sufre la región en estos días, con días tórridos y alertas emitidas por los servicios de emergencia», comentan con preocupación.
Entre las prescripciones y medidas reflejadas en la AAU que «están siendo incumplidas sistemáticamente por parte de la mercantil», según Ecologistas en Acción, destaca la circunstancia de que «no se podrá desarrollar actividad ni proceso alguno en la instalación, que pueda generar emisiones -difusas o confinadas- vehiculadas estas a cada uno de los equipos correspondientes, sin que previamente los equipos de depuración se encuentren trabajando en condiciones óptimas de funcionamiento».
Asimismo, en caso de incidencia o supuesto que modificara las mismas a condiciones no optimas de funcionamiento, «se deberán llevar todas las actividades y procesos, cuyas emisiones -difusas o confinadas- son vehiculadas a estos equipos de depuración, -de manera inmediata-, a condiciones de seguridad y parada».
Además, todos los equipos y dispositivos de aspiración asociados a las actividades y/o procesos que puedan generar emisiones difusas, «deberán estar en condiciones máximas de aspiración».
Por último, «los diferentes equipos de depuración -e instalaciones auxiliares asociadas-, deben ser los primeros equipos de la planta que inicien su puesta en marcha, alcanzando estos sus respectivas condiciones óptimas de funcionamiento, antes del inicio de cualquier proceso o actividad que pueda generar emisiones. Una vez alcanzadas por estos equipos sus condiciones óptimas de funcionamiento, se podrá iniciar la puesta en marcha del resto de actividades y procesos de la instalación que generen emisiones”.
Vulneración de derechos en salud y medio ambiente
Ante esta situación, vecinos, plataformas y asociaciones vecinales y ecologistas como Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por las Explotaciones Mineras (PAEM), la Asociación por la Custodia del Territorio (ACUDE) y la Coordinadora Regional A por el 45, han denunciado el incumplimiento reiterado de estas medidas por parte de COLINA CIMAR S.L. y consideran que «ha quedado más que patente que no en todo momento los equipos están en condiciones óptimas, que en momentos de emisiones pulverulentas densas no se han parado los equipos de manera inmediata, que no se encuentran en condiciones máximas de aspiración y que los equipos de depuración no son los primeros en iniciar su puesta en marcha».
Dicen que «los amaneceres son los momentos en los que ocurren los picos de emisión máxima de partículas» por parte de la mercantil, «limitando las actividades cotidianas de los vecinos».
Con la actual alerta roja meteorológica por temperaturas extremas, «la situación si cabe se ha agravado, obligando a vecinos de la zona a recluirse en el interior de sus viviendas, convirtiendo el entorno en un ambiente de aire irrespirable e inadecuado para preservar su salud2, explican. Tanto es así, que aseguran haber precisado «dar aviso a los servicios de emergencias de la Región de Murcia en diferentes ocasiones».
Para los colectivos, los habitantes de estos entornos de los municipios de Abanilla y Fortuna «están siendo víctimas de la vulneración de derechos fundamentales como la permanencia en su propia vivienda, derechos constitucionales como disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado, o el derecho a la protección de la salud», concluyen.
