En el desarrollo de la investigación, el Juzgado de Instrucción nº 4 acordó el archivo de las Diligencias Previas de Investigación. Este archivo fue recurrido en apelación por las organizaciones ambientales y posteriormente estimado por la Audiencia Provincial, dando la razón a la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción y ANSE. Ahora el Juzgado de Instrucción nº 4 ha decretado la reapertura del caso y ha citado a declarar a los dos exdirectores generales Fulgencio Perona y Francisco Marín para el 5 de marzo de 2024.
Las organizaciones esperan que se aclare «por qué se han venido aprobando las órdenes de vedas sin someterlas a evaluación de impacto ambiental, cuando es obligatorio y así lo habían establecido los servicios jurídicos de la propia Comunidad en reiteradas ocasiones». Igualmente, las organizaciones recuerdan que realizaron múltiples advertencias en el seno del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial por el deficiente funcionamiento en cuestiones de fondo del mismo, lo culminó con el abandono del Consejo en 2019.
Reclaman al actual consejero un cambio radical en la política ambiental
Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso «acabe de una vez por todas con la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales». En este sentido, las organizaciones recuerdan que «actualmente se incluyen informes de afección a la Red Natura 2000, pero no se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental propiamente dicha que permitiese una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000».
Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales reclaman al actual consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y a la Secretaria Autonómica, María Cruz Ferreira, «un cambio radical en la política ambiental que, junto con el cumplimiento de la normas, apueste por un participación y gobernanza de calidad.
