La organización WWF España ha celebrado el «Acuerdo por Doñana» firmado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y lo ha calificado como «el compromiso público del Presidente Moreno Bonilla de retirar definitivamente la ley anti Doñana. Una ley nacida a partir de un conflicto social artificial e inexistente, que suponía un ataque directo al futuro de Doñana, ya que planteaba la legalización de hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales que llevan años sobreexplotando los recursos hídricos de los que depende el espacio natural y el futuro de la comarca». Una ley que ha suscitado el rechazo, no sólo de las organizaciones conservacionistas, sino de la comunidad científica, de instituciones internacionales como la Comisión Europea o UNESCO, del gobierno central y de buena parte de la sociedad local y de consumidores de toda Europa.
WWF España ha señalado que analizará en detalle el nuevo plan y que, espera que contribuya de modo significativo «al desarrollo socioeconómico de la comarca, impulsando mejoras y creando alternativas viables que reduzcan la excesiva dependencia de los cultivos de frutos rojos y que redunde en beneficio de los valores ambientales de Doñana».
Para ello, considera que es necesario «garantizar que las medidas propuestas de abandono de cultivos de regadío y de conversión de tierras (a uso forestal o cultivo secano) contribuyan de manera significativa a la recuperación de los acuíferos en Doñana». Pero entienden que «en ningún caso deben ser medidas orientadas a favorecer o beneficiar económicamente a quienes han estado durante años sobreexplotando los recursos naturales y compitiendo de manera desleal con quienes sí han cumplido con la ley».
Ni un euro de fondos públicos a quien incumpla la legalidad
En este sentido, WWF España saluda «el compromiso de la Ministra de Transición Ecológica que no se va a dar un euro de fondos públicos a quien no cumpla con la legalidad vigente«. En su opinión, la aplicación de este plan debe suponer «el inicio de una nueva fase de tolerancia cero con la ilegalidad en la agricultura y el uso del agua en Doñana. Por ello, esperamos que las distintas administraciones implicadas (Junta de Andalucía, Fiscalía y el MITECO), pongan todos los medios a su disposición para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona empezando por las fincas que ya se están preparando para una nueva cosecha».
Después de la enorme crisis de credibilidad que ha supuesto la ley anti Doñana, y una vez presentado este acuerdo, «no pueden seguir llegando a los mercados fresas ilegales de Doñana, porque la sociedad y los consumidores no lo entenderían», dice la organización que advierte de que estará vigilante con la aplicación del plan, «para garantizar que se reduce la presión sobre los recursos naturales y para evitar que quienes han contribuido al deterioro del Parque Nacional y de los acuíferos que lo alimentan, se vean beneficiados económicamente».
Asimismo, espera que la presentación de este plan sea el «punto de inflexión para que todas las administraciones implicadas trabajen conjuntamente y de manera coordinada, para revertir la dramática situación en la que se encuentra el Espacio Natural de Doñana y poner fin al deterioro sus hábitats prioritarios«, cuestión por lo que España ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE.
