Desde los años 90, varias fincas conocidas como los Hatos, ubicadas en la marisma sevillana, en el término municipal de Aznalcázar, venían siendo sancionadas sistemáticamente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tras la comprobación de incumplimiento, año tras año, de las condiciones de la autorización para uso de aguas de riego procedente del acuífero.
Entre estas destaca Hato Blanco, que con unas 1.000 hectáreas de extensión, venía sacando del acuífero, según Ecologistas en Acción, «unos 5 millones de metros cúbicos anuales, más del doble de lo autorizado, con objeto de regar tierras que fueron transformadas por el Plan Almonte Marismas, por las que se alteraron una zonas de gran valor ecológico en tierras de escaso potencial agrícola, que precisan de gran cantidad de agua para los cultivos que se implanten, dado el carácter salobre de las tierras, tierras que se vienen dedicando a arroz, algodón y otros cultivos de escasa rentabilidad social y todo con un aporte importante de fondos públicos».
Según la organización, «con esta transformación se procedió a la eliminación y usurpación el Dominio Público del Caño del Guadiamar, el río de Doñana, que era el principal aporte de Aguas superficiales a la Marisma de Doñana».
Las multas que ponía la CHG eran de aproximadamente 1 millón de euros por daños y 1,5 de indemnización para la restauración del perjuicio ocasionado, sin entrar en valorar «los efectos perniciosos que esta sobreexplotación ocasionaba a los ecosistemas de Doñana, especialmente evidentes en las fresneras, que precisan de aguas cercanas a la superficie para subsistir y que se morían al haber provocado la extracción descensos del freático de entre 15 y más de 20 metros según la zona».
La retirada de aguas aportadas a la marisma, según Ecologistas en Acción, disminuían drásticamente con la detracción, «en un momento crítico para la reproducción de las aves, que veían como la marisma se secaba a un ritmo mucho mayor que el habitual, dejando desprotegidas a las colonias de acuáticas que eran predadas por zorros o jabalís, perdiéndose buena parte de la reproducción de la avifauna de la marisma».
La organización entiende que otro aspecto que diferencia la afección al acuífero de estas explotaciones marismeñas es el hecho de que ahí «el acuífero se encuentra semiconfinado, con una entrada lateral procedente de la zona de recarga de aguas dulces al oeste, con una capa superior impermeable de arcillas de varias decenas de metros, y con conexión por el sur y este con el acuífero salobre del estuario, con lo que cualquier alteración del nivel freático genera recarga del acuífero con agua salobre, lo que provoca la irremisible salinización del mismo, generando un problema de muy difícil reversión».
Multas caducadas sin tramitar
Esas multas excedían la capacidad asignada a la propia CHG para su gestión de oficio y tenían que ser aprobadas por Consejo de Ministros, pero, según Ecologistas en Acción, «allí se dejaban caducar sin ser tramitadas, entendemos que por la capacidad de influencia de la propiedad en los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE. Esto cambió con la entrada de Cristina Narbona en el Gobierno que activó las denuncias de la CHG y se tramitaron las correspondientes a 3 años, fueron recurridas por la propiedad, pero finalmente confirmadas por el Tribunal Supremo en sentencia firme, pero que ni aún así fueron ejecutadas».
Dicen que con estos antecedentes la intervención de la fiscalía era más necesaria que nunca, porque «había información más que suficiente que constataba el incumplimiento continuado de las concesiones e incluso elementos añadidos como el uso de macrobalsas, supuestamente construidas para almacenamiento de aguas de lluvia, que eran llenadas con aguas extraídas directamente del acuífero mediante inmensas tuberías que no disimulaban en ocultar».
Asimismo, señalan que la actuación de la fiscalía ha conseguido poner fin «a la impunidad en la que se habían instalado los propietarios, que por fin van a tener que responder por su más que reiterado incumplimiento de la legalidad, con un indudable perjuicio para los ecosistemas de Doñana, que conlleva años de cárcel y hacerse cargo, esperemos que ahora de forma definitiva, de las multas derivadas del ilícito cometido».
Sin embargo, no todos son penas para la propiedad, explican, «porque mientras se celebraba el juicio, se ha llegado a concesionar nuevas aguas, ahora superficiales, procedentes de la presa del Ágrio en la cabecera del Guadiamar, para que dejen de sacar agua del acuífero, premiando al infractor con recursos públicos como el propio agua, pero también la infraestructura necesaria para ofrecérsela, ya que cubrir estas nuevas concesiones obliga al recrecimiento de la presa del embalse a cargo de fondos públicos y con un elevado coste que dudamos sea repercutido a los beneficiarios, como exigiría el estricto cumplimiento de la Directiva de Aguas».
Añaden que «la proyectada restauración del cauce cercenado del Caño del Guadiamar precisará de nuevo de ingentes cantidades de dinero público para llevarse a cabo. Se nos acumulan así cientos de millones de euros enterrados en esta finca, bien por impagos de multas, por obra pública para posibilitar su puesta en cultivo, por las derivadas del mantenimiento de los riegos o por la necesidad de restauración de parte de lo ocupado».
Por último, ponen de relieve este caso como «un claro ejemplo de responsabilidad compartida, la directa, achacable a los propietarios de Hato Blanco por el saqueo de las Aguas de Doñana pero también por parte de las Administraciones Públicas porque permanecieron impasibles durante años y más años, conocedores del constante saqueo de aguas en los Hatos de la marisma de Doñana, que ha derivado en una de las situaciones más sangrantes de impunidad, en beneficio exclusivo de los intereses económicos de unos particulares y todo ello en detrimento de un Bien Común y Patrimonio Mundial que es Doñana».
