El partido morado lanza una ofensiva legislativa en doce comunidades autónomas para crear tarifas sociales que se reciban en función sólo de la renta familiar y con descuentos de entre el 20% al 100% en los recibos de luz, gas y agua de los hogares pobres. Las medidas las financiarían los Gobiernos autonómicos ya en los presupuestos de 2016, pero Podemos propone que se destinen también los 3.600 millones de euros que investiga la Comisión Europea y que las eléctricas españolas deberían devolver si acaban considerándose ayudas públicas ilegales.
En la España de la crisis ha crecido otro tipo de pobreza que se vive sólo de puertas para dentro de las casas. La caída de los ingresos de las familias durante en los últimos años y la subida de los precios de luz (un 52% desde 2008) y del gas natural (un 32% en el mismo periodo) han provocado que se dispare el número de españoles que se ven atrapados en la denominada pobreza energética, que no pueden mantener su vivienda a una temperatura recomendable por falta de recursos.
El partido presenta simultáneamente en los parlamentos de una docena de CCAA una propuesta integral para combatir la pobreza energética
Según las diferentes metodologías para contabilizar la incidencia de la pobreza energética, entre un 9% y un 18% de los hogares españoles sufre pobreza energética. Esto es, entre 1,8 millones y 3,6 millones de familias (entre 4,5 y 9 millones de personas) no podrían garantizar una temperatura adecuada de su vivienda.
Podemos ahora lanza una ofensiva legislativa en una docena de comunidades autónomas –aunque con la vista puesta en las elecciones del 20D- para lanzar un programa de acción para combatir los efectos, pero también la raíz, de la pobreza energética.
Tarifas sociales para hogares pobres
El partido morado ha presentado en los Parlamentos regionales –aquellos en los que tiene representación- una proposición de ley con medidas para articular una nueva tarifa social para hogares vulnerables y una proposición no de ley en el que se propone una vía de financiación alternativa a los presupuestos regionales para su iniciativa de cara al futuro. Los textos se han propuesto en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, La Rioja y Valencia.
Propone crear tarifas sociales en luz, gas y agua para hogares pobres, con descuentos entre el 20 y el 100% del recibo en función de la gravedad de los casos. Podemos cree que el criterio fundamental sea la renta de los hogares
Podemos propone crear tarifas sociales para luz, gas y agua a las que puedan acogerse los hogares vulnerables y que tengan descuentos variables en función de la gravedad de la falta de recursos de cada caso, que vendría determinada por los servicios sociales de los ayuntamientos.
Según la proposición de ley, el hogar que se encuentre en pobreza extrema (con ingresos por debajo del 30% de la mediana de cada región) se le aplicaría un descuento del 100% en los tres recibos; a los de pobreza severa (40% de la mediana) tendrían derecho a un descuento del 35%, o del 50% en caso de tener más de un hijo o persona dependiente a su cargo; los hogares de pobreza relativa y que destinen más del 10% de los ingresos al pago de los suministros básicos se les descontaría un 20% de la factura. Los descuentos se aplicarían por un periodo de dos años, tras los cuales habría que volver a estudiar la situación de vulnerabilidad de la familia.
La ineficacia del actual bono social
En España la única medida puesta en marcha desde el Gobierno central (más allá de las diferentes iniciativas de regiones o algunos ayuntamientos) contra la pobreza energética es la creación, en 2009, del bono social, una tarifa con descuento para determinados colectivos aplicable sólo al recibo de la luz, no al de gas natural.
Sin embargo, el bono social contempla un rebaja del 25% en relación a la tarifa que utilizan la mayoría de clientes españoles, por lo que los que pueden acogerse también se ven afectados por la subida de la luz (hasta el año pasado, la tarifa social que contemplaba la congelación del precio eléctrico al nivel de 2009, manteniéndose ajena a los vaivenes del mercado).
El actual bono social, con un descuento del 25% sólo para luz, no es eficaz al permitir acogerse a hogares sin problemas sólo por tener una potencia contratada de menos de 3 kw o sólo por ser familia numerosa
Algunos de los criterios que permiten a determinados clientes acogerse a este bono social poco tienen que ver con situaciones de pobreza energética. Y es que al bono social pueden acogerse todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a los 3 kilowatios y todas las familias numerosas. Los dos aspectos sí vinculados con problemas de ingresos que dan acceso al bono social son percibir pensiones mínimas y acreditar que en la unidad familiar todos sus miembros están en paro.
La legislación que regula el bono social, de 2009, establece que se debe establecer un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar, pero este aspecto no lo ha llegado a desarrollar ningún Gobierno. De hecho, el Partido Popular rechazó con su mayoría absoluta en los últimos años dos intentos de la oposición en este sentido. E incluso un borrador de la propia Secretaría de Estado de Energía contemplaba fijar un umbral máximo de ingresos y vincular el bono social a la renta familiar. Pero el Gobierno acabó por aparcarlo y quedó así pendiente la única medida directa contra la pobreza energética que (por fin) se iba a contemplar en la legislación estatal.
¿Quién lo paga? Las CCAA… pero luego quizá las eléctricas
El actual bono social es financiado por las aportaciones que realizan una treintena de empresas energéticas, aunque las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) concentran el 99% de los alrededor de 200 millones de euros destinos a financiar el descuento en las tarifas.
Podemos pretende, según se recoge en su propuesta, que sean los presupuestos de los Gobiernos regionales los que asuman la financiación de las iniciativas contra la pobreza energética. Y, de hecho, su objetivo es que las partidas presupuestarias necesarias para ponerlas en marcha ya aparezcan en las cuentas de 2016 de la docena de regiones en que se ha presentado la propuesta.
Podemos pretende que las medidas las financien las CCAA, pero propone que en el futuro se utilicen los 3.600 millones en presuntas ayudas ilegales a las eléctricas que Bruselas puede obligar a devolverlos
Sin embargo, en la proposición no de ley que también se ha presentado en los Parlamentos regionales se insta a las comunidades a reclamar al Gobierno central que distribuya las ayudas millonarias a las compañías eléctricas que la Comisión Europea investiga, dado que, si son declaradas ayudas de Estado ilegales por Bruselas, las empresas tendrán de devolverlas a las arcas públicas.
Aunque su importe podría acabar considerándose mucho mayor, las presuntas ayudas ilegales que cobraron las eléctricas en concepto de costes de la transición a la competencia (CTC) están cuantificadas en casi 3.600 millones de euros. Podemos propone que, si las compañías finalmente tienen que devolver ese importe, se destine a la lucha contra la pobreza energética. Los planes del partido morado es que las eléctricas pudieran aportar esa cantidad a lo largo de una década, a razón de 360 millones de euros por año, para financiar estos programas. Con ello, las eléctricas se ahorrarían, en paralelo, el pago de los 200 millones que ahora realizan por el bono social.
La batalla en legal en Bruselas
La Comisión Europea ha confirmado que hace unos meses puso en marcha un procedimiento para esclarecer la legalidad de los cobros percibidos por las compañías eléctricas gracias al programa de compensación que el Gobierno de José María Aznar abrió en 1998 como costes de transición a la competencia (CTC). Un procedimiento que constituye el paso previo para la apertura de un expediente formal si el Ejecutivo considera que existen indicios suficientes.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético –un lobby/asociación que agrupa a casi cuatro centenares de organizaciones en defensa del ahorro energético y las renovables- presentó hace un mes una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión para que se consideren ayudas ilegales los CTC percibidos por las eléctricas, lo que les obligaría a devolver las cantidades recibidas.
La denuncia de la Plataforma cuantifica, basándose en los informes de la extinta Comisión Nacional de la Energía –ahora integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC-, que entre 1998 y 2006 las compañías eléctricas cobraron de más hasta 3.588 millones de euros en concepto de CTC. Casi 3.600 millones de euros de más que se repartieron Endesa (a razón de 1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa –hoy Gas Natural Fenosa- (275 millones) e Hidrocantábrico –hoy de EDP- (156 millones), según se desagregan los montantes en el mismo informe de la Comisión Nacional de la Energía.
En cualquier caso, según se recoge en la denuncia, el problema de los CTC no se limita a estos casi 3.600 millones de euros cobrados de más hasta 2006, sino que las compensaciones excesivas llegarían hasta hoy mismo. Y es que la mayoría de las centrales eléctricas que disfrutaron el cobro de las compensaciones por los CTC siguen produciendo electricidad en la actualidad, y al haber conseguido una amortización acelerada de las inversiones, hoy compiten con ventaja, obtienen rentabilidades muy superiores a sus rivales y pervierten el funcionamiento del proceso de fijación de los precios de la luz. Si se considera este aspecto, las ayudas públicas investigadas podrían superar los 22.000 millones de euros.
