Un instante de la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y representantes de los colectivos ecologistas

Las directoras, directores y/o coordinadores de las organizaciones que han participado en la reunión han reconocido algunos de los avances que están teniendo lugar en esta materia, pero han destacado la importancia de un liderazgo contundente y claro que tiene que tener este Gobierno a nivel internacional (en el Tratado Internacional de los Océanos, la minería submarina, la COP o la Convención de Diversidad Biológica), máxime ahora que se acerca la fecha para que España ocupe la presidencia europea. Por ello han trasladado al ejecutivo varias peticiones concretas que han girado en torno a cuatro ejes.

Cambio climático y transición energética

Para respetar los límites ecológicos marcados por la ciencia frente a la emergencia climática, «es imprescindible no perder el rumbo de la transición energética hacia un sistema 100 % renovable eficiente, inteligente y democrático, acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y evitar el peligro de la energía nuclear», han manifestado las organizaciones.

Creen que se debe acelerar el despliegue de energía limpia y segura en todos los sectores, con garantías de no producir impactos negativos en la naturaleza y que el beneficio de las renovables llegue a todas las personas, especialmente a las más vulnerables y a quienes van a convivir con ellas en su proximidad.

Transparencia y participación

Para ello, consideran esencial la transparencia y la participación, de manera que la transición se haga junto a la ciudadanía, por lo que las organizaciones ecologistas han apuntado que es necesario el liderazgo del Gobierno en este terreno, que garantice el despegue definitivo de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han comentado que «no debe invertirse dinero en infraestructuras fósiles que nos aten al cambio climático y a la inseguridad energética, ni que España se convierta en un hub de gas para el resto de la UE».

Las organizaciones se han mostrado muy preocupadas por el reciente anuncio de la UE de incluir en la taxonomía el gas y la energía nuclear como energías verdes. Consideran que el Gobierno debería mantener el rechazo que ha tenido desde el primer momento y, en coherencia, promover una acción legal contra el acto delegado y promover que en España no se aplique.

Además, han recordado al ejecutivo que lo que esperan de un Gobierno convencido de la urgencia del cambio climático es una acción firme y distinguida. Por tanto, «España debe pasar del actual y exiguo objetivo de reducción de emisiones del 23 % a un 55 % en 2030 respecto a 1990, sin mayor demora». Y avanzan que estos objetivos más ambiciosos exigen «una transformación profunda y urgente de los sectores con mayor responsabilidad en las emisiones, como son el energético, el del transporte y el alimentario».

Protección de la biodiversidad

A nivel internacional, tras posponerse en varias ocasiones reuniones de un importante calado en esta materia, como la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica que finalmente se llevará a cabo en diciembre, en Montreal, o la última ronda de negociaciones sobre el Tratado Internacional de los Océanos que tendrá lugar en agosto en Nueva York, la destrucción de la naturaleza continúa, no sólo a escala mundial, sino también en Europa.

A día de hoy no se han cumplido ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados anteriormente. Para las organizaciones ambientales, España «debe liderar el desarrollo de la legislación europea en restauración de la naturaleza e incrementar su posición de liderazgo en las negociaciones del marco global de diversidad en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad biológica».

A nivel estatal, las organizaciones han traslado al presidente Pedro Sánchez«la importancia del capital natural en este contexto y de invertir en protección de la naturaleza». En medio de una preocupación extrema en España por los incendios, las organizaciones han señalado la necesidad de «impulsar la ganadería extensiva y cambiar el paradigma de la extinción a uno basado en la prevención y la gestión forestal. Han propuesto como medida concreta un PERTE de restauración ecológica, que invierta en la recuperación de nuestros ecosistemas y en la generación de empleo».

Desarrollo rural

Señalan también la necesidad de calidad de vida y servicios esenciales de la población rural, «por una cuestión de justicia y para que pueda ejercer su papel clave en la emergencia ambiental, la protección de los ecosistemas y la producción de alimentos». Por ello, han propuesto avanzar de forma urgente en el desarrollo de medidas estatales, «como bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social e inversiones estatales en empleo y emprendimiento, que favorezcan el asentamiento de la población».

Las organizaciones ecologistas han tratado con el presidente los retos del sistema agroalimentario y la urgencia de elevar su prioridad en la agenda, así como trabajar para establecer una soberanía y seguridad alimentaria. Las soluciones pasan por una transformación que reduzca todos los insumos externos que hacen a este sistema enormemente vulnerable, así como el incremento de la superficie en producción ecológica, todo ello integrado en la naturaleza para hacer frente a las diversas crisis agrarias, climáticas y de biodiversidad. Insisten en que es necesaria una PAC y PERTE alineados con estos objetivos.

En este sentido las entidades proponen, en línea con la European Network for Rural Development, que se incorpore el rural proofing o filtro de desarrollo rural, además del filtro de afección a la biodiversidad en el despliegue de todas las leyes, tal y cómo se hace actualmente con el cambio climático o la mirada de género.

Justicia social

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF  han mostrado su apoyo a aquellas medidas tomadas en el Real Decreto anticrisis y las anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Nación «dirigidas a redistribuir la riqueza, favorecer y ayudar a quienes más les está afectando la inflación y tienen menos medios, y las que hacen que las empresas y la banca, que paradójicamente se está enriqueciendo con las crisis, también arrimen el hombro a través de impuestos».

En esta crisis son necesarias también medidas tendentes a hacernos menos dependientes de los combustibles fósiles. Por eso, las organizaciones ecologistas han aplaudido las medidas dirigidas a favorecer el uso del transporte público y no las que fomentan el consumo de combustibles fósiles, como el descuento de 20 céntimos en el carburante, que además no tiene en cuenta la progresividad al estar dirigido por igual a toda la población.

Revertir el cierre de líneas de trenes

En cualquier caso, no hay que olvidar que para favorecer el ahorro energético, «en el uso del transporte público no es suficiente con que los bonos sean gratuitos, sino reforzar el servicio, mejorar frecuencias y hacer del tren un vector vertebrador de movilidad sostenible que llegue a todos los puntos de la geografía nacional». Y para eso, afirman, «hay que revertir el cierre de líneas de trenes regionales que se están llevando a cabo».

Además de medidas puntuales para paliar los efectos de la inflación, las organizaciones ambientalistas han resaltado la importancia de establecer «medidas estructurales para evitar que la crisis la paguen “las de siempre». Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reiterado su petición de la puesta en marcha de una reforma fiscal «cuyos impuestos salgan de donde tienen que salir: de una fiscalidad justa y verde. Una fiscalidad que apoye al medio rural, donde pague más quien más tiene y quien más contamina, y que sirva para sufragar los servicios públicos y la protección social, que nos lleven a una verdadera transición ecológica, que garanticen derechos y vidas dignas de ser vividas para todas las personas».

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