Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire

El informe analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas las de los principales aeropuertos y puertos estatales. Destaca que «durante 2021 la calidad del aire en España ha mantenido la mejora sustancial ya observada durante 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990».

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población española. Pese al desplome general del NO2 en un 25 % respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Madrid siguió incumpliendo el límite legal anual, por lo que el Tribunal Europeo de Justicia sentenciará en las próximas semanas el proceso contra España, que podría derivar en multas millonarias.

Los autores del trabajo han tomado como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, «el aire contaminado afectó en 2021 a la totalidad de la población española, así como a 400.000 kilómetros cuadrados, el 80 % del territorio».

Explican que si se toman los estándares de la normativa, «más laxos que las recomendaciones de la OMS», la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 5,4 millones de personas, una décima parte del total y 7 millones de afectados menos respecto a 2019. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 122.000 km2, una cuarta parte del territorio y la mitad de superficie que en 2019.

La estabilidad atmosférica primaveral activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El invierno en cambio resultó inestable y húmedo, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicos de esta estación (NO2 y partículas). El relativamente moderado calor estival contribuyó al descenso del ozono, pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto.

Menos movilidad y contracción económica

Los factores esenciales para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2021 son la restricción general de la movilidad y la contracción económica derivadas de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19, con el drama sanitario y social vivido en los dos últimos años. El cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón también ha contribuido localmente a la drástica disminución de las emisiones.

La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.

El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población. No obstante, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 57% y el 37 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.

Puntualmente, en Villanueva del Arzobispo (Jaén) se superó el objetivo legal del cancerígeno benzo(a)pireno, contaminante relacionado con la combustión de la biomasa cuya medición es ocasional, pese a lo cual se detectan niveles preocupantes para la salud en territorios rurales de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña o Galicia, y en el entorno de determinadas industrias siderometalúrgicas de Avilés, Gijón y A Coruña.

Impacto en la salud

Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. La mejora de la situación en 2021 es en este sentido una excelente noticia.

Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. Una decena de Comunidades Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales. Los escasos planes elaborados carecen del detalle y el presupuesto precisos para ser eficaces.

Posibles soluciones

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, designar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.

La Ley de Cambio Climático obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. No obstante, la mayoría de las ciudades no están declarando estas zonas, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación. Y las declaradas en Madrid y Barcelona, han sido anuladas por resoluciones judiciales que en la práctica hacen prevalecer un supuesto derecho a desplazarse por la ciudad en coche sobre la salud pública y el medio ambiente.

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