En los últimos años se ha venido observado en medios nacionales e internacionales el curso de inseguridad, ingobernabilidad e inestabilidad que vive Haití, al punto de estar la mayor parte del territorio gobernado por bandas criminales armadas.
Desde hace tiempo se le ha solicitado a la Comunidad Internacional ir en auxilio de esos ciudadanos que necesitan de la mano ayuda de quienes verdaderamente pueden contribuirles a solucionar esa situación que no debiera vivir un ser humano, pero hasta el momento, la mirada ha estado para el lado contrario.
Autoridades haitianas como, por ejemplo, el Primer Ministro de este país, Ariel Henry, manifestó en una ocasión, “pido a toda la comunidad internacional, a todos los países amigos de Haití, que se unan a nosotros y nos ayuden a combatir esta crisis humanitaria. Estoy pidiendo ayuda, apoyo y ayuda. Necesitamos que nos den todo el apoyo necesario, para evitar que la gente muera a montones y a montones, si no hacemos nada”.
Por otro lado, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en cada escenario internacional que ha tenido la oportunidad ha hecho llamamientos para que se vaya en socorro del pueblo haitiano mucho antes que el Primer Ministro. Esto por dos razones: primero, por la calidad humana que posee como presidente y como persona, y segundo, por la fuerte carga que ha tenido que llevar la República Dominicana ante esta situación.
Uno de esos escenarios aprovechados por el mandatario dominicano fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre del 2021, donde expresó ante todo los presentes, “a este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano, pero también les reitero que no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”.
También, manifestó en este escenario, “por años, cada día, nuestro país ha encarado, prácticamente solo, estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación”. “La comunidad internacional no debe, ni puede, abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción”.
Independientemente de esto, sin importar la muestra de lo que se está viviendo en Haití, los constantes llamamientos, inclusive, de otras figuras como el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no se ha hecho nada más que anunciar medidas que no pasan de ser eso, “anuncios”. Lo último dado a conocer fue la ayuda que brindaría Kenia, de la cual hasta el momento no se visualizan acciones de peso.
Una vez más el presidente Abinader, como representante de la nación que se ve más afectada por las consecuencias que deja la realidad que se vive en Haití, aprovechará su participación en la Asamblea de la ONU, prevista a celebrarse en los próximos días en New York, para tocar el tema haitiano, saber qué está ocurriendo con lo anunciado, razón por la cual sostendrá una reunión con el presidente keniano.
RD- Haití, relaciones afectadas por falta de autoridad en suelo haitiano
En estos días, las relaciones entre Haití- República Dominicana se están viendo afectadas por el reinicio de la construcción de un canal del lado haitiano, cuyo propósito es desviar agua desde el río Masacre (ubicado en la frontera de estos dos países).
Las autoridades dominicanas han solicitado al país vecino la paralización de esta obra, ya que existen acuerdos para el uso de estas aguas, llamamiento al que no han accedido, resultados que han llevado a el presidente Abinader a adoptar las siguientes medidas: suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso; mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
Otras de esas medidas son; reactivar la toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos; iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses. La licitación comenzará de inmediato; y, por último, solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
¿A qué se debe el conflicto ante la construcción del canal?
Un tratado firmado en el 1929 y que, además, figura en la Constitución de la República, prohíbe que se desvíe el caudal del río. “El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití establece que “en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
“El mismo artículo aclara que ambos países pueden utilizar el agua para el riego o irrigación, sin embargo, deja claro que ninguno de los países puede modificar el curso del río. “Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos Estados del derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales”, dice el tratado”.
Un punto que suma más a que exista el conflicto entre las dos naciones es que, tal como dio a conocer el presidente dominicano, la realización de este canal no ha sido autorizada por las autoridades haitianas, ni cuentan con los recursos de ese Estado para su construcción, sino más bien, es una obra privada que va en beneficio de algunos empresarios haitianos que pretenden llevar el agua hasta sus fincas.
El Jefe de Estado quisqueyano dio a conocer que se vio en la obligación de tomar las medidas anteriormente referidas, debido a que en el vecino país Haití “no hay un control del territorio desde el gobierno central”.
Un punto de vista parecido lo había manifestado el ex Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, “es un problema la falta de interlocutores entre la República Dominicana y Haití lo que puede trabajarse con una simple mesa de trabajo y se está convirtiendo en un conflicto innecesario entre ambas naciones”.
Desde hace tiempo en este medio se viene advirtiendo que, de no resolverse el problema en Haití a tiempo, se le está abriendo la puerta a la posibilidad de conflictos entre las dos naciones vecinas. Ya basta de esperar cualquier situación para salir a argumentar si se están violentando los Derechos Humanos de los haitianos en la República Dominicana, que solamente toma decisiones y aplica acciones estratégicas para garantizar su Seguridad, como lo haría cualquier país que se viera amenazado con la realidad de otro.
Se debe tener claro que aquí existen dos países, uno que a diario lucha por seguir avanzando y otro que, lamentablemente, está siendo azotado por una crisis humanitaria. Aquí existen Derechos Humanos para los ciudadanos de ambas naciones y no es justo que por uno estar económica y democráticamente mejor que el otro, tenga que llevar solo esa carga, cuando verdaderamente otros pueden ayudar.
No es justo para Haití luchar solo por su propia seguridad, como tampoco es justo para la República Dominicana hacerse responsable de los millones de haitianos que existen en su país. Si verdaderamente le interesan los Derechos Humanos del pueblo haitiano, no debe ser solamente de esos que emigran, sino de esos que están luchando en su nación. Ya hace tiempo que es hora de actuar, pero al parecer no existe otro interés más que observar y salir a criticar lo que no le parece justo, pero desde su justicia no aplican más que palabras.
Situaciones como esta que se está dando en la frontera Haití- República Dominicana, son las consecuencias de no actuar a tiempo.