Mariana Katzarova, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa, se dirige al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Foto: ONU/Dominika Tomaszewska-Mortimer

La situación de los derechos humanos en Rusia se ha deteriorado significativamente desde la invasión de Ucrania el año pasado, según la relatora especial de la ONU para Rusia, Mariana Katzarova, que ha dado la voz de alarma sobre lo que considera un patrón de supresión de los derechos civiles y políticos en el país.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Katzarova ha expresado su «honda preocupación por las detenciones arbitrarias masivas y el uso persistente de la tortura y los malos tratos».

Pruebas claras

Citando casi 200 fuentes de dentro y fuera del país, la experta ha destacado también la falta de independencia judicial y de derecho a un juicio justo.

«La gran cantidad de información que se ha compartido conmigo es indicativa de la magnitud de los retos en materia de derechos humanos a los que se enfrenta la sociedad rusa en la actualidad», afirma.

Katzarova dice que se han registrado arrestos arbitrarios masivos, detenciones y acoso a «cualquiera que hablara en contra de la guerra de Rusia en Ucrania o se atreviera a criticar las acciones del gobierno».

Pero el menoscabo de los derechos básicos no habría comenzado en febrero del año pasado, sino que «las raíces de esta represión se remontan mucho más atrás».

Restricciones calculadas

«Las restricciones incrementales y calculadas de los derechos humanos en Rusia durante las últimas dos décadas han culminado en la actual política estatal de criminalizar cualquier disidencia real o percibida», asegura Katzarova .

Más de 20.000 personas fueron detenidas entre febrero de 2022 y junio de 2023 por participar en protestas «en gran medida pacíficas» contra la guerra.

Además, Katzarova ha recibido informes de tortura y malos tratos durante la detención, incluida violencia sexual y violación, por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra manifestantes contra la guerra.

Según el informe, las autoridades rusas también han utilizado la propaganda y la retórica para incitar al odio y la violencia contra los ucranianos, y se han iniciado 600 procesos penales contra las denominadas «actividades contra la guerra».

Katzarova añade que «en Rusia los niños en las escuelas se enfrentan a amenazas y graves consecuencias incluso por hacer un dibujo contra la guerra».

Sociedad civil

La situación en Rusia ha supuesto un «cierre efectivo del espacio cívico, el silenciamiento de la disidencia pública y de los medios de comunicación independientes», subraya, un pensamiento del que se hicieron eco muchos Estados miembros durante la sesión del Consejo.

Por ejemplo, los cambios en la ley sobre los denominados agentes extranjeros u «organizaciones indeseables» implican que voces independientes, como los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes, se ven ahora fuertemente restringidas.

«La aplicación, a menudo violenta, de estas leyes ha dado lugar a una represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil», afirma Katzarova, refiriéndose al escrutinio, la detención y, en ocasiones, la persecución de los ahora «estigmatizados» grupos independientes, muchos de los cuales se ven obligados a exiliarse o a ir a la cárcel.

Rechazo ruso

Junto con muchos Estados miembros, la experta de la ONU ha instado a Rusia a emprender «reformas integrales en materia de derechos humanos» para hacer frente a los «daños de las dos últimas décadas».

El Gobierno ruso no ha aceptado nunca el mandato de la experta independiente, a quien ha negado el acceso al país. Rusia estuvo representada en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra durante la presentación del informe, pero no respondió.

En su intervención en el foro de Ginebra, Katzarova pidió a Rusia que «reconsiderara su enfoque» respecto a su mandato, un sentimiento del que se hicieron eco muchos Estados miembros presentes.

Es la primera vez en su historia que el Consejo autoriza a un experto en derechos a investigar violaciones de derechos humanos dentro de las fronteras de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

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