El juez es una pieza fundamental en la persecución de los delitos contra la vida silvestre, siendo la clave del estado de derecho. En España, existe especialización en medio ambiente de la Fiscalía (la Fiscalía coordinadora de medio ambiente) y de la guardia civil (el SEPRONA). Sin embargo, los jueces que están en lo alto de la pirámide judicial, no tienen aún esa especialización, lo que supone un retraso a la hora de enjuiciar este tipo de delitos.
Esta situación no se da en otros países europeos como Suecia, Finlandia, Francia, Bélgica y Malta. «De ahí que sea necesario crear el SEPRONA de los jueces en España», afirma Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE.
Gran impunidad en los delitos contra la vida silvestre en España
Según datos oficiales obtenidos a partir de peticiones de información a las CCAA, a través del proyecto Europeo SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), entre 2015 y 2020 se detectaron 4.902 casos de delitos cometidos contra especies silvestres, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.
Existe una gran impunidad en los delitos contra la vida silvestre en España: menos del 7% de los casos registrados, entre 2015 y 2020, acabaron con una sentencia judicial.
No obstante, esto es la punta del iceberg del problema, ya que la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que sólo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz el 10 % de esos casos.
Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.
Penas muy suaves y sentencias muy simples
Pese a la gravedad de estos delitos, hay una tendencia a restarle importancia, lo que supone que haya una alta impunidad: el 93 % de los casos no son juzgados (de los 4 902 casos sólo llegaron a sentencia 327).
Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias). Los crímenes más frecuentes son el uso de veneno (1 899 casos) y la caza furtiva (1.773 casos). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial. Una de las conclusiones obtenidas en el marco del proyecto SWiPE es que «la especialización de jueces en medioambiente es indispensable para hacer frente a estos crímenes».
«Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tal», asegura Silvia Díaz. «Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, el alto grado de impunidad que existe en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer», lamenta. «Es necesario aumentar la concienciación en toda la cadena involucrada en la detección, persecución y enjuiciamiento de estos delitos acerca de la gravedad de estos crímenes», afirma.
Proyecto LIFE SWIPE
El proyecto SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), es una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para aumentar la persecución de estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación especializada y la cooperación transfronteriza entre países. Está financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, y forman parte once oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI (Fauna & Flora International), TRAFFIC y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia.
