La situación en la frontera entre República Dominicana y Haití provocada por la decisión unilateral en el lado haitiano de desviar, a través de un canal ilegal, el agua del río Masacre, ha generado reacciones irresponsables y equivocadas sobre lo que está sucediendo realmente y quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en esa área.
Varias organizaciones no gubernamentales supuestamente radicadas en República Dominicana han publicado un manifiesto en el que se oponen a la decisión del presidente Abinader de cerrar la frontera con Haití hasta que se solucione el conflicto provocado por las decisiones unilaterales de unos pocos, decisiones que sólo benefician a intereses privados nacionales e internacionales.
Las oenegés siempre tienen ese prurito humanista que es absolutamente respetable. Sus opiniones y sus reivindicaciones son, en general, adecuadas a las necesidades reales de las ciudadanías del mundo. Sin embargo, en este caso, su opinión no puede estar más alejada de la verdad y, lo que es peor, sirven a los intereses superiores que, en muchos casos, ellas mismas quieren derribar. ¿Las están utilizando, se están dejando utilizar o, simplemente, se trata de una acción basada en la ignorancia absoluta de lo que realmente está ocurriendo en Haití?
El cierre de la frontera ordenado el pasado viernes por Luis Abinader no es una estrategia bélica ni está ejecutada como un elemento destructor del pueblo haitiano, tal y como denuncian estas oenegés, sino la defensa de la soberanía nacional sobre las aguas del río Masacre que son compartidas con Haití, pero de las que este país no puede disponer a su antojo.
Por otro lado, estas organizaciones, dentro de su legítimo buenismo, denuncian que ha sido el gobierno dominicano quien se ha negado a negociar con «la población de Haití». En concreto, ¿a qué población se refieren? ¿A las bandas que controlan buena parte del país o a los terratenientes y empresarios que, presuntamente, son los responsables de la construcción del canal?
El presidente Luis Abinader hizo lo que tenía que hacer e intentó arreglar el asunto por los canales diplomáticos al hablar sobre el asunto con el presidente haitiano, Ariel Henry. Éste reconoció a Abinader que no podía interrumpir la construcción del canal ilegal porque el gobierno no controlaba esa zona. Si el gobierno no controla la zona un presidente de un país soberano, como es República Dominicana, elegido democráticamente por su pueblo, no está obligado a negociar con nadie nada salvo con sus iguales. Mucho menos tiene la obligación de sentarse con criminales o con empresarios que representan sus propios intereses, no los del pueblo haitiano.
Ante una situación en la que un gobierno reconoce que ha perdido el control de una zona en la que se está atentando gravemente contra la soberanía nacional de un país vecino, el buenismo mal interpretado no sirve, hay que adoptar medidas para proteger al pueblo dominicano.
Llamamientos no escuchados
Desde que llegó al poder en agosto de 2020, Luis Abinader no ha hecho otra cosa que hacer llamamientos para que la comunidad internacional actuara de manera urgente en Haití ante el deterioro de la situación en la que vivía el pueblo haitiano. Abinader ha hecho esos llamamientos desesperados cada vez que ha tenido oportunidad y en foros tan importantes como Naciones Unidas, Davos o la Cumbre Iberoamericana, por citar algunos.
Nadie le ha hecho caso. El único que, desde su posición, ha recogido el guante ha sido Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Sin embargo, las palabras no se han transformado en hechos y la situación de Haití, como se está demostrando en estas semanas, ha empeorado de manera radical.
Las oenegés no mencionan en su comunicado estas acciones del presidente dominicano y, sobre todo, no señalan a los verdaderos responsables de la situación actual: los países de las potencias que prometieron ayuda pero no la han dado.
Sobre todo sorprende el silencio de esas organizaciones ante la pasividad de Estados Unidos y Francia. Esa pasividad, evidentemente, tiene un origen que las oenegés ni mencionan ni se han preocupado en investigar antes de hablar o de acudir al camino fácil del «quedar bien». La falta de compromiso de Estados Unidos y Francia está en los intereses económicos que tienen en Haití, no a nivel país, sino para defender los feudos y los ranchos de unos pocos que están ganando mucho dinero a costa del sufrimiento del pueblo haitiano.
No hace tanto tiempo que el gobierno de Canadá sancionó con dureza a varios empresarios por financiar a las bandas criminales que controlan Haití y beneficiarse de la corrupción. Algunos de ellos, por desgracia, viven en República Dominicana. El pasado viernes este medio publicó una lista de nombres que podrían estar presuntamente implicados en la construcción del canal del Masacre. ¿Han investigado esas oenegés las conexiones que pudieran tener y los beneficios que obtendrían esas personas de ejecutarse esa obra ilegal?
Abinader lo ha expuesto en múltiples ocasiones. Haití no es un problema exclusivo de República Dominicana, sino de toda la comunidad internacional que está dejando a uno de los países más pobres del mundo como centro de operaciones para tratos espurios a costa de la miseria del pueblo. Eso no lo puede arreglar ni Abinader ni ningún presidente dominicano.
En República Dominicana ya vive y trabaja el 20% de la población de Haití, familias que han visto mejoradas sus condiciones de vida gracias, precisamente, a las reformas aprobadas durante el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, República Dominicana ya no puede hacer más por Haití ni, por supuesto, permitir la construcción ilegal de un canal que, por mucho que lo quieran vender como un beneficio para los haitianos, en realidad a los únicos que benefician es a unos pocos, a los testaferros de importantes familias extranjeras con grandes intereses en el país y a las bandas criminales que siguen obteniendo financiación.
¿Por qué esas oenegés no se dirigen al gobierno haitiano o a los centros de poder de la comunidad internacional? Porque son incapaces de hacerlo. Siempre será más sencillo publicar un comunicado que no tiene lógica alguna sin conocer la situación real y las implicaciones soberanas que las decisiones adoptadas tienen.
Abinader podría haber tomado otras decisiones de carácter más bélico y no lo ha hecho porque sabe que el único camino para solucionar la actual crisis es el diálogo con representantes legítimos y democráticos de Haití. Insistimos, un atentado a la soberanía nacional no puede ser tratado ni dialogado con criminales ni con empresarios, sólo a través de la diplomacia y, de momento, ésta está ausente por culpa de quienes han callado y se han escondido para proteger los millones que reporta tener a Haití como un Estado fallido.
