Desde que Luis Abinader fue investido presidente de la República Dominicana, en agosto de 2020, no ha habido foro, encuentro, cumbre o evento internacional en el que no haya clamado y reclamado a la comunidad internacional para que intervinieran en Haití. En esos llamamientos advirtió que, si no se intervenía, se podría producir una grave crisis humanitaria. Esos vaticinios se cumplieron y, cuando el remedio del absentismo ha sido peor que la enfermedad, entonces se han decidido a hacer caso al primer mandatario dominicano.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, pero esta decisión no fue, al parecer, bien tomada por determinadas élites que les interesa que Haití siga inmerso en el caos actual y en un escenario de Estado fallido.
Hoy en día, esto se refuerza con un informe que el Grupo de Expertos de la ONU dio a conocer, donde el expresidente de Haití Michel Martelly y los exlegisladores Youri Latortue y Prophane Victor son señalados como financiadores y promotores de las bandas armadas que aterrorizan a Haití, según ha publicado la Agencia EFE.
Señala el informe que, Michel Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016 en Haití, «utilizó a las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de hacer avanzar su agenda política, contribuyendo así a un legado de inseguridad cuyos efectos aún se dejan sentir».
Otra medida adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, según señala la misma información, fue aprobar a unanimidad renovar por un año más el régimen de sanciones contra Haití, que lleva vigente desde octubre de 2022. Este, que incluye un embargo total de armas, la congelación de bienes y medidas de prohibición de viajes fue presentada por Ecuador y Estados Unidos y no encontró la oposición de ninguno de los quince miembros del consejo. Cabe destacar que este embargo no es aplicable a los organismos de la ONU, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Esta decisión del Consejo de Seguridad elimina las dudas de que, ante la amenaza que suponía para sus intereses la intervención en Haití, esas élites norteamericanas, caribeñas, europeas y latinoamericanas, presuntamente, han iniciado movimientos y contactos para generar un ambiente de oposición en los diferentes países para evitar que se produzca un despliegue fundamental para que Haití sea controlado realmente por los haitianos, no por los poderosos que ejercen su poder desde el extranjero.
El tiempo sigue dando la razón a las medidas que el presidente Abinader tomó. Ahora se demuestra que el registro de los datos biométricos a los haitianos que cruzan la frontera hacia República Dominicana no es una estrategia bélica y mucho menos fue ejecutada como un elemento destructor del pueblo haitiano, sino, por la defensa de la seguridad nacional. Y es que, al ver, según el informe, para qué fueron utilizadas esas bandas, no se puede considerar imposible que se pudiesen utilizar para otros fines que puedan alterar la tranquilidad de la República Dominicana.
