Alcornocal en Cazalla de la Sierra (Sevilla) | Foto: WWF

El actual sistema agroalimentario da muestras de su fallido funcionamiento y se ve incapaz de dar respuesta a los urgentes retos económicos, sociales y ambientales. Entre ellos, la subida imparable del precio de los alimentos -sin que beneficie necesariamente a los agricultores- y de los costes de producción, y sin que se ponga freno a la sobreexplotación de los recursos naturales de los que esta actividad depende. Para alentar un debate fructífero y contribuir a la resolución de este problema complejo, WWF acaba de presentar 15 propuestas.

Acciones necesarias

Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a los agricultores y ganaderos que apuestan por la sostenibilidad, incrementando las medidas de transparencia y control a las prácticas desleales en la cadena alimentaria, y la revisión y modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición agroecológica justa, incluyendo: una PAC y un PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo; una fiscalidad verde que aplique el principio “quien contamina paga” y el de “quien conserva, reciba”.  La recuperación de las infraestructuras y servicios públicos para la asegurar la viabilidad del sector primario, priorizando a las pequeñas explotaciones familiares agroecológicas; el impulso a los canales cortos de comercialización y a la venta directa para garantizar alimentos locales, ecológicos y de temporada; la compra pública responsable; y la diversificación productiva del sector primario, incluyendo sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento multidisciplinar para la sostenibilidad. Dichos sistemas también deben asegurar una transición justa de los modelos que tienen que virar hacia la sostenibilidad por tener un impacto negativo, como la ganadería industrial o los regadíos en acuíferos sobreexplotados o contaminados, hacia prácticas dentro de los límites ambientales y sociales.

Una distribución más justa de los fondos de la Política Agraria Común apoyando a los agricultores con dificultades. El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada. Actualmente la PAC presta más apoyo a la agricultura frente al pastoreo y, dentro de la primera, al regadío frente al secano. Es necesario que el dinero público se dirija a aquellas fincas de mayor valor social y ambiental (como las de producción ecológica, en red Natura 2000 o Sistemas de Alto Valor Natural). 

Mayor compromiso, incluso financiero, de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas sostenibles, la distribución responsable de alimentos y precios adecuados también para las personas consumidoras. E impulso a las cadenas de valor en las que riesgos y beneficios son compartidos por igual por todos los eslabones. 

Apoyar prácticas agroecológicas que permitan a las explotaciones adaptarse a los cada vez más presentes riesgos climáticos como las inundaciones y sequías, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de las fincas; sin menospreciar el necesario apoyo y acompañamiento a los productores en caso de catástrofes y fenómenos extremos.

Exigir que las importaciones agrarias cumplan las mismas normas de sostenibilidad, salud, bienestar animal y seguridad que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal, dotando de medios y conocimientos a terceros países, cuando sea necesario, para evitar efectos colaterales indeseados. Del mismo modo, evitar que los alimentos y productos exportados por la UE tengan impactos negativos sobre países terceros. 

Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por agricultores y ganaderos familiares que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. Más allá, crear un sistema público e integrado de rescate para la agricultura y la ganadería extensiva familiar en zonas de alto valor natural, y en especial, en la Red Natura 2000, que asegure rentas y condiciones de trabajo dignas. 

Incorporar en las normas estatales, dotándolo de los medios y presupuesto necesarios, los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducción del 50% de uso y riesgo de plaguicidas en la producción de alimentos por su toxicidad e impactos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente; disminución del uso de fertilizantes en un 20% para reducir las pérdidas de nutrientes en un 50% como mínimo; y, alcanzar al menos el 25% de las tierras agrícolas bajo producción ecológica en 2030. 

Garantizar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.), asegurando a la par la digitalización responsable y el teletrabajo para fijar población, prestando especial atención a jóvenes, mujeres y personas mayores. Hay que hacerlo a través de una política de estado para el mundo rural, comenzando por reactivar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, para la revitalización económica de los pueblos, la creación de empleo estable y de calidad, y el freno al despoblamiento bajo el paradigma de la sostenibilidad.

Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica, prestando especial atención al papel de las mujeres.

Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico.

Garantizar el acceso a una dieta sana y sostenible para el conjunto de la población, con precios justos para el consumo y herramientas adicionales, como la compra pública responsable.

Frenar las pérdidas y desperdicio alimentario, en especial en las fincas agrícolas, revisando la normativa -incluyendo precios que no cubren costes de producción- que impulsa la industrialización agraria y exacerba los problemas sociales y ambientales que estamos viviendo. Impulsar medidas de cuantificación y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena.

Asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas agroalimentarias y del medio rural, con los recursos suficientes, tal y como apoyan las entidades del Foro Acción Rural o la Coalición PorOtraPAC; incluyendo la elaboración de la Estrategia Nacional de Alimentación, recientemente anunciada. 

Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroculturales. Este patrimonio es un recurso clave para el desarrollo rural, forma parte de la esencia de cada territorio y es indispensable para su equilibrio social y económico. Se constituye en auténtica cultura, que sí representa al medio rural y así debe ser reconocido y respetado desde las ciudades.

Apoyo a los agricultores y al medio rural

«Nos preocupan las posiciones maximalistas, desde la crispación, que pretenden dar soluciones simples a problemas complejos, como al que nos enfrentamos. Nos preocupa que se cargue el peso de la culpa de la situación del campo sobre las políticas ambientales, con discursos que demonizan los compromisos sociales, económicos y ambientales de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad»,explica Celsa Peiteado, responsable del programa de Alimentos de WWF España. Y añade:«Resolverlo requerirá de una acción público – privada, a nivel estatal e incluso más allá de nuestras fronteras, que asegure precios justos para los alimentos, empleo del dinero público para recompensar a la agricultura y ganadería que produce bienes públicos y reconocimiento de la valía de los profesionales del medio rural. Todo ello sin olvidar que conservar el patrimonio natural y adaptarse a la crisis climática es una cuestión de supervivencia, porque no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza».

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