La Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado la reapertura de las diligencias penales instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid por los delitos de prevaricación presuntamente cometidos por cinco responsables y funcionarios de la Diputación Provincial de Valladolid en relación a la construcción del fallido Complejo de Ocio y Aventura “Meseta-Ski” en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas.
Tras resolver que la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra está legitimada para recurrir el archivo provisional del caso, el tribunal considera que los presuntos delitos tienen causa en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA) de 5 de agosto de 2010 por el que se aprobó una inversión de 1,6 millones de euros en obras de reparación, intereses, indemnizaciones y gastos de custodia a favor de la empresa CORSAN-CORVIAN Construcción, S.A.
Ese día, los investigados en representación de SODEVA reactivaron las obras de construcción del Complejo de Ocio, tras su blindaje por la Ley 6/2010 de las Cortes de Castilla y León, que fue primero suspendida y finalmente anulada por el Tribunal Constitucional en sentencia de octubre de 2014.
Presunto delito de prevaricación
La Audiencia Provincial concluye que entre la fecha del citado acuerdo y el inicio de las diligencias de penales (el 11 de septiembre de 2019) no han transcurrido los 10 años necesarios para que concurra la prescripción de los delitos que lleven aparejada una pena de entre 5 y 10 años de inhabilitación, como es el caso del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, imputado a las autoridades y funcionarios investigados por la causa de Meseta-Ski.
En cambio, declara que sí procede el archivo provisional de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, porque en la fecha de presunta comisión del primero la malversación requería que las autoridades o funcionarios “sustrajeran o permitieran la sustracción de caudales o fondos públicos, con vocación de obtener aprovechamiento, ventaja o ganancia para sí o para un tercero”, de lo que hasta el momento “no hay prueba indiciaria sólida”.
Poca viabilidad e ilegalidad en las adjudicaciones
La Sala de lo Penal constata, no obstante, que “obran en la causa indicios suficientes sobre la poca viabilidad del estudio previo del proyecto denominado Meseta-Ski y sobre la presunta ilegalidad de las adjudicaciones, que derivó en un derroche de fondos públicos”, que condujeron a “la preparación del proyecto sin informes previos solventes, técnicos y jurídicos, y por ende a un considerable perjuicio económico de la administración pública”.
De hecho, «la redacción actual del delito de malversación contenida en el artículo 432 del Código Penal lo extiende al despilfarro de fondos públicos, que hoy sí sería imputable a las autoridades y funcionarios de SODEVA que derrocharon hasta quince millones de euros de todas y todos en la ejecución de una obra ilegal, por ser contraria al plan urbanístico de Tordesillas y desarrollarse en un monte incendiado», denuncia Ecologistas en Acción.
Los protagonistas
En consecuencia, el auto de la Audiencia Provincial dispone la continuación de las diligencias por un presunto delito de prevaricación contra el todavía Alcalde de Olmedo y ex-Vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, el ex-Alcalde de Villaverde de Medina y ex-Diputado provincial Pedro Pariente, el ex-Gerente de SODEVA Luis Alberto Sánchez, el ex-Jefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación y actual Gerente de REVAL Luis Torroglosa y el arquitecto de SODEVA Valentín González, además del arquitecto director de la obra, Santiago González.
Ecologistas en Acción se congratula de la reapertura de la causa «para que la prevaricación no salga gratis una vez más a nuestros políticos profesionales, pero recuerda que no están todos los que son, en referencia a los 125 procuradores regionales, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Tordesillas que aprobaron en sus diversas fases el despilfarro de dinero público de Meseta-Ski, con manifiesto desprecio por los derechos civiles, la legalidad y el interés general».
