La resolución favorable del informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con respecto a la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de la regasificadora de El Musel, en Gijón, Asturias, punto logístico de gas natural licuado (GNL), ha provocado la preocupación de Ecologistas en Acción que se pregunta por las consecuencias que dicha puesta en marcha pueda tener a nivel económico, social, medioambiental y sobre la salud de las personas.
Además, afirma que este informe sigue sin clarificar cuál será el uso definitivo de la misma, ni la forma en la que se fijarán las condiciones económicas y de acceso para la prestación de sus servicios.
«Seguimos sin saber cómo se va a retribuir. Y, aunque se reconoce la situación de hibernación de la planta, sostenemos que su verdadera situación es de ilegalidad», comenta Marina Gros, responsable de la campaña «La verdad del gas» de Ecologistas en Acción. «El TSJ de Madrid fue claro en la ejecución de sentencia, la autorización se declaró nula y, si no hay autorización, no hay hibernación. Insistimos, hay ilegalidad”, concluye Gros.
Enagás debe pagar una fianza de 6 millones de euros
Con esta resolución queda aún sin resolver cuál será el futuro de la planta. Mientras, Enagás debe depositar una fianza de seis millones de euros al tener pendiente tanto la obtención del acta de puesta en servicio como la justificación de las obligaciones derivadas de la autorización.
Por otro lado, el informe contradice la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPM), y exige una resolución favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las condiciones económicas y de acceso, lo que aún está en tramitación.
Sin embargo, en el documento tampoco se clarifica su régimen de retribuciones, dado que el régimen económico singular que la CNMC puede establecer para la prestación de servicios logísticos de GNL es “de carácter temporal”, se exige que sean bajo contratos a largo plazo y su objeto principal no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la demanda nacional.
Asimismo, durante este periodo “temporal” la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de El Musel no estará sujeta al régimen general de acceso de terceros. Es decir, a diferencia del resto de las regasificadoras, Enagás, como titular de la instalación, no tendrá la obligación de permitir el acceso de terceros a la misma.
236,12 millones de euros en costes de retribución de la inversión a la empresa adjudicataria
Sin haber entrado nunca en funcionamiento, la planta ilegal ya ha costado más de 282 millones de euros, según comunicaciones de la propia CNMC. De los cuales, 236,12 millones de euros han sido en costes de retribución de la inversión a la empresa adjudicataria, Enagás. Los 46,65 millones de euros restantes lo fueron en concepto de gastos de operación y mantenimiento. Estos gastos han sido incluidos en la factura de gas mediante el epígrafe de costes regulados.
El informe de la CNMC estipula que, a partir del momento en el que se emita acta de puesta en servicio, la empresa Enagás dejará de percibir la retribución transitoria que venía percibiendo hasta ahora. Ecologistas en Acción reclama que, de darse el caso, se devuelvan todas las retribuciones percibidas que desde 2012 se ha pagado entre toda la ciudadanía, empresas y pequeños comercios, para mantener una planta totalmente injustificada para unos usos que nunca se han llegado a realizar.
Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción Asturias, denuncia que «una vez más, se da la razón a quienes siempre hemos denunciado la falta de justificación de esta planta, que pasó de ser innecesaria, y excluida de la planificación, a ser imprescindible para suministrar gas a la cuenca del Ebro, posteriormente a la zona Noroeste y, ahora, y de forma temporal, a servicios logísticos».
