El escándalo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue creciendo. Ahora nos enteramos que habría recibido comisiones que ascienden a dos millones de euros por facilitar contratos de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. Según una investigación exhaustiva de eldiario.es, este lucrativo acuerdo ha desembocado en graves acusaciones de fraude fiscal y manipulación contable, poniendo de manifiesto las prácticas cuestionables en la gestión de contratos públicos.
Ahora las mascarillas de la pareja de Ayuso
Durante los meses más duros de la pandemia, González Amador jugó un papel clave en la intermediación de la compraventa de material esencial como guantes y mascarillas, a través de su empresa, Maxwell Cremona SL. A pesar de la urgente necesidad de estos suministros para combatir el virus, las operaciones han terminado enredadas en un complejo caso de ingeniería fiscal, diseñado para eludir el pago de impuestos sobre las sustanciales comisiones obtenidas.
González Amador denunciado por fraude fiscal
La Agencia Tributaria ha estimado que el fraude fiscal ascendió a 350.951 euros durante los años 2021 y 2022, derivado de las operaciones comerciales de González Amador. Las irregularidades detectadas han llevado a la Fiscalía a presentar denuncias por dos delitos de fraude fiscal y un tercer delito por falsedad documental. Este entramado fiscal se descubrió gracias a la meticulosa investigación de la Agencia Tributaria, que ha desplegado un informe de 200 páginas detallando las anomalías.
ell Cremona en 2020, que sumaron 2,33 millones de euros, procedieron de una operación de intermediación con la empresa española FCS para la venta de productos sanitarios. Este contrato se cerró semanas antes de que la crisis del coronavirus se manifestara plenamente en España, despertando sospechas sobre el oportuno posicionamiento de González Amador en este lucrativo mercado.
Suministrador de mascarillas también a la Comunidad de Madrid
La relación de González Amador con empresas como FCS Select Products SL y Mape Asesores, ambas fundamentales en la cadena de suministro de material sanitario a entidades públicas, incluida la Comunidad de Madrid, revela un entramado de conexiones y operaciones que ahora son objeto de escrutinio. La capacidad de FCS para reinventarse, pasando de comercializar bebidas alcohólicas a convertirse en un proveedor clave de material sanitario, bajo la sombra de anteriores condenas por estafa, añade otra capa de complejidad al caso.
Este escándalo no solo expone la trama de negocios y el cambio de dirección profesional de González Amador sino que también pone de relieve las frágiles fronteras entre la gestión pública y los intereses privados, especialmente en tiempos de crisis. La actuación de Alberto González, desde su papel consultor en el grupo Quirón hasta su abrupto giro hacia la intermediación comercial en plena pandemia, plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión de los recursos y las necesidades críticas de la sociedad.
La investigación de eldiario.es subraya la importancia de un escrutinio continuo de las operaciones financieras y comerciales relacionadas con figuras públicas y sus asociados, especialmente cuando estas operaciones tienen un impacto directo en el bienestar público y la gestión de crisis sanitarias globales. Este caso resalta la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de la gestión pública y privada, para salvaguardar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y evitar el aprovechamiento indebido de situaciones de emergencia para beneficio personal.
