Haití es un problema global, no regional y, en consecuencia, sólo puede ser solucionado desde la participación de las grandes potencias, tanto desde un punto de vista económico como militar. No se trata de buscar una guerra en Haití porque la guerra ya es un hecho. El problema está en que si se quiere terminar con el control por parte de las bandas criminales, es necesario poder presentar un frente en el que haya igualdad de capacidad de fuego.
El centenar de bandas haitianas disponen de armamento muy sofisticado porque están muy bien financiados por parte de aquellos que desde otros países del continente americano se benefician de los recursos de Haití. Podrá parecer una contradicción, sobre todo teniendo en cuenta que el país es uno de los más pobres del mundo. Sin embargo, la extracción ilegal de recursos naturales, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos y de armas, son negocios ilícitos que generan mucho dinero.
Por esta razón, la misión internacional de Naciones Unidas debe estar encabezada por las grandes potencias económicas y militares. Ayer, en la reunión de urgencia organizada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada en Jamaica, estuvieron presentes Estados Unidos, Canadá y Francia. En ese encuentro se discutieron posibles soluciones para terminar con la situación actual de Haití. La entrada de estos tres países es fundamental, puesto que disponen de la capacidad para, en poco tiempo, organizar una fuerza de choque bajo mandato de Naciones Unidas que termine con las bandas criminales. Según fuentes consultadas, todo parece indicar que existe predisposición a ello.
Por otro lado, la presión internacional tras esa reunión de CARICOM parece empezar a dar sus frutos desde un punto de vista exclusivamente político. El presidente interino de Haití, Ariel Henry, anunció en las últimas horas la renuncia a su cargo y permitir, de este modo, una transición política. En concreto, el propio Henry anunció a través de un vídeo afirmó que su gobierno renunciará «inmediatamente después de la instalación de un consejo» de transición. Además, el presidente dimisionario exhortó a los haitianos a mantener la calma.
Es decir, que ahora se están precipitando los acontecimientos en base a las demandas y reclamaciones que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, lleva haciendo desde el año 2020 y que sólo fueron llevadas a efectos en septiembre de 2023.
República Dominicana lleva muchas décadas desempeñando un papel que no le correspondía respecto a Haití. El presidente Luis Abinader siempre ha sido un defensor de que su país no podía ejecutar ningún tipo de injerencia en la política haitiana ni, por supuesto, en la voluntad del pueblo de Haití. Sin embargo, el control de las bandas criminales ha llegado a tal extremo que ha generado, incluso, conflictos fronterizos tras la construcción ilegal de un canal que desvía el curso del río Masacre (Dajabón), que es de soberanía compartida.
Por esa razón, República Dominicana ha adoptado una decisión difícil pero justificada: no «involucrarse en decisiones internas que pertenecen exclusivamente al pueblo haitiano». Eso sí, el gobierno de Abinader da su firme apoyo a las resoluciones que se dicten desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. «Es crucial que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití finalmente se despliegue a la mayor brevedad posible, para lo cual es imprescindible que los fondos prometidos se desembolsen inmediatamente. El proceso de transición en Haití debería incluir a las voces más significativas y representativas del pueblo haitiano que se distingan por su integridad ética y moral. Sobre todo, debe evitar cualquier curso de acción que contravenga o impida la implementación las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad», afirma un comunicado del gobierno dominicano.
Hay que insistir en el hecho de que la responsabilidad de solucionar la crisis de Haití es exclusiva de la comunidad internacional. El hecho de que República Dominicana sea un país fronterizo no le otorga, per se, ningún tipo de responsabilidad. Por esa razón, el gobierno de Luis Abinader ha dejado muy claro que «es necesario que la comunidad internacional apoye la conformación de un nuevo gobierno que represente la voluntad haitiana y que sea respaldado por el gobierno saliente para asegurar su legitimidad», una actuación que, por supuesto, debe estar sustentada por el respeto absoluto de los derechos humanos.
Ante esta situación, sorprende el silencio de la oposición dominicana liderada por Abel Martínez y Leonel Fernández. Están dejando al gobierno de Abinader solo en un escenario en el que el pueblo de la República Dominicana mira con estupor cómo su clase política no se ha alineado en torno al gobierno para presentar al mundo una posición unida. En vez de demostrar su patriotismo, los líderes de los partidos opositores han decidido mantenerse al margen. Ellos sólo están para captar votos, sólo les interesan los votos. Han demostrado que el bienestar del pueblo es un asunto secundario para ellos, hecho que les incapacita política, moral y éticamente para ejercer la Presidencia.
