El Tribunal Supremo obliga al Ejecutivo a revisar el margen de comercialización que reciben las eléctricas con la tarifa regulada y le da de plazo hasta el 30 de junio. Lo tendrá que elevar y la subida tendrá carácter retroactivo, con efectos desde abril de 2014. El margen de comercialización está congelado desde hace siete años en 4 euros por kilovatio al año, la CNMC calcula que como mínimo debería estar fijado en 5,24 euros/kw. El Ejecutivo ha parado la medida hasta después de las elecciones.
El Gobierno endulzó el año (muy) electoral que fue 2015 con un par de anuncios de rebajas del recibo de la luz. El último de ellos en plena campaña para el 20-D. Pero de cara a los comicios del 26-J al Ejecutivo le tocan nones y el Tribunal Supremo le obliga a subir la luz y a aplicar el incremento con carácter retroactivo a 13 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada.
El Consejo de Ministros debe aprobar la medida antes del 30 de junio, según recoge la sentencia del Supremo. Como daba por hecho todo el sector, el Ministerio de Industria –ahora comandado por Luis de Guindos tras la salida de José Manuel Soria- ha decidido apurar al máximo los plazos para no hacer el anuncio en plena campaña electoral. Así que el cambio no se aprobará hasta después del 26-J, aprovechando que el mismo 30 de junio se celebrará un Consejo de Ministros.
El Gobierno debe aprobar antes de que termine el mes una nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras de electricidad que ofrecen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la antigua tarifa TUR, la tarifa regulada a la que están sujetos más de 13 millones de clientes. Y todos tendrán que hacer frente a un recargo en sus facturas de la luz con carácter retroactivo, porque el nuevo margen que se llevan las grandes eléctricas por ofrecer la tarifa regulada se aplicará con efectos desde abril de 2014.
Fue entonces, hace más de dos años, cuando el Gobierno sustituyó la tradicional Tarifa de Último Recurso (TUR) por el nuevo precio regulado de la electricidad que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Tanto Iberdrola como Gas Natural Fenosa denunciaron ante los tribunales que el margen fijado por el Gobierno –de 4 euros por kilovatio cada año- no era suficiente para cubrir los costes. Las eléctricas, de hecho, sostienen que un 40% de los costes totales de la comercialización se quedan sin cubrir con ese precio.
Una sentencia anterior, del pasado noviembre, ya obligaba al Gobierno a fijar el nuevo margen de comercialización, pero ha mantenido la medida congelada. Y ahora el Tribunal Supremo estima una reclamación posterior de Iberdrola en la que la compañía denunciaba que el Ministerio de Industria había incumplido la ejecución de la sentencia. Por ello, el Alto Tribunal le marca ahora al Gobierno un plazo máximo que expira el viernes próximo.
La pasada semana, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió su informe sobre el margen comercial de las eléctricas en la tarifa regulada. El supervisor sostiene que el nuevo margen que establezca el Gobierno debería fijarse como mínimo en los 5,25 euros por kilovatio y año, desde los 4 euros en que está fijado desde el año 2009.
Esta subida que recomienda la CNMC contempla la inclusión de los costes de explotación de comercialización que soportan las compañías (coste de facturación y cobro, el de atención al cliente y los costes de estructura, fundamentalmente). Pero el organismo también entiende que se debe incluir un margen de retribución de la actividad, para lo que establece diferentes fórmulas de cálculo, y también los costes de captación y retención de los clientes por si el Gobierno considera procedente incluirlo. El resultado, que la subida no se quedaría en esos 5,25 euros por kilovatio y año, sino que se situaría netamente por encima de ese mínimo fijado.
Si el Gobierno cumple con el plazo legal fijado por el Tribunal Supremo, el próximo Consejo de Ministros fijará una nueva fórmula que marcará un nuevo margen de comercialización y se procederá a una refacturación con efecto retroactivo de dos años. Según algunos expertos, el recargo podría suponer un coste de entre los 20 y los 120 euros por cliente. Veremos… pero ya después de las elecciones.
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