En menos de una semana, FCC se ha visto envuelta en diversos escándalos con la gestión de residuos en Barcelona y Badalona. El golpe a la imagen de la compañía puede ser importante, incluso más que la propia cuantía que le reclaman.
En concreto, el caso más reciente ha salido a la luz esta semana. La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha anunciado que la auditoría del contrato de servicios de limpieza y recogida de basuras que presta FCC en Badalona ha detectado un presunto fraude de 12,8 millones de euros, por lo que llevarán el informe a la Fiscalía.
Según el consistorio, la auditoría encargada por el ayuntamiento el pasado mes de noviembre sobre el servicio prestado por FCC ha detectado «graves irregularidades» en el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras por, entre otras cosas, «facturaciones no conformes a los pliegos de condiciones».
También ha detectado «imputaciones de costes sin haber prestado el servicio, infradimensionamiento del servicio de recogida de residuos, incremento del precio unitario de la oferta y doble facturación de costes».
Según el informe, en entre mayo de 2010 y diciembre de 2015 la empresa adjudicataria FCC habría defraudado hasta 12,8 millones.
El informe concluye que FCC, adjudicataria del contrato desde 2010, podría haber incumplido las obligaciones de prestación de determinados servicios y que además se habrían dado unos importantes sobrecostes para el ayuntamiento.
Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Espacios Públicos y Movilidad, Francesc Duran, «esto se hubiera podido evitar en el anterior mandato con una dotación de recursos humanos adecuada en el Área de Espacios Públicos y Movilidad para garantizar la aplicación de los mecanismos de control previstos en el contrato».
Y también en Barcelona
Los problemas legales se van a agolpar en FCC. Y es que la semana pasada la delegación en Barcelona de FCC Servicios Ciudadanos habría manipulado en los últimos años datos del servicio de limpieza y recogida de residuos en la capital catalana con el objetivo de hinchar sus ingresos en unos 800.000 euros a costa del ayuntamiento barcelonés, según informó ‘El País’.
Según la información publicada por ese diario, basada en una investigación propia del rotativo, las irregularidades se centran en los residuos destinados al reciclaje -plástico, tetrabriks…- y los muebles y trastos viejos, llamados «voluminosos», por los que la empresa cobra según un sistema de tramos.
El sistema de cobro implica que el Ayuntamiento paga menos por tonelada a medida que el volumen de recogida de residuos crece, por lo que se puede dar el caso de que, al saltar un tramo por un escaso margen, FCC acabe ingresando menos dinero si no se hubiera sobrepasado ese límite.
Según algunos correos a los que ha tenido acceso el periódico, algunos responsables de FCC maniobraban para no saltarse algún tramo de toneladas recogidas y evitar así pérdidas para la empresa.
Para ello, en ocasiones se llegaron a mezclar residuos para el reciclado con desechos sin reciclar, llamados «de rechazo», con el objetivo de que toda la carga pasara como si fuera basura de este último tipo.
Lo único que han aclaro por parte de la compañía es que están investigando los hechos, pero de momento no se han dado más explicaciones.
