Tribunal de Cuentas

España es una de las democracias más dinámicas y con mayor tradición en la lucha contra la violencia de género. En 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en 2014 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa y en 2017 los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales suscribieron un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este Pacto de Estado se concretó en 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas de violencia de género. Para su desarrollo se previó una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las Comunidades Autónomas y 100 millones a las Entidades Locales. Esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales. 

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el «Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022» con el propósito de contribuir a la mejora de las actuaciones públicas, la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado.

Revisar el diseño

El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del Pacto.

Según el documento, la financiación del Pacto de Estado “ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”. La fiscalización del Tribunal constata como las Comunidades Autónomas reconocen que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la falta de recursos.

Los datos que aporta el informe apuntan también a que las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a la largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”.

En este sentido la fiscalización constata la fortaleza de los órganos y de los servicios de prevención y de protección de las víctimas que se crearon con la Ley Orgánica 1/2004 y que han permitido, a pesar de la pandemia y de los cambios de gobierno, seguir implementado las medidas del Pacto de Estado.

Igualmente, a lo largo de los años España ha avanzado en la prevención y lucha contra la violencia y han venido mejorando las cifras en los principales indicadores. A pesar de todos estos esfuerzos, cada año se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas.

Sin embargo, el informe detecta como principales retos actuales lograr una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.

Además, pone de relieve que “el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”.

Para contribuir a la mejora de la prevención de la violencia de género el informe establece una serie de recomendaciones entre las que figuran reforzar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones Públicas.

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