Sultan Al Jaber, presidente de la COP28 | Foto: Sean Gallup/Getty Images

Ante la noticia de que, el 7 de diciembre, las autoridades emiratíes dieron comienzo a un nuevo juicio colectivo contra más de 80 personas, entre las que hay renombrados defensores y defensoras de los derechos humanos y presos y presas de conciencia —algunos de los cuales llevan ya un decenio entre rejas y se enfrentan ahora a cargos falsos de terrorismo—, Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África, ha declarado que “comenzar las vistas de un nuevo simulacro de juicio colectivo en medio de lo que ha anunciado como la COP más inclusiva de la historia es una increíble muestra de desprecio hacia los derechos humanos por parte de las autoridades emiratíes. El momento parece escogido deliberadamente para transmitir al mundo el claro mensaje de que no se tolerará la más mínima disidencia pacífica y de que las autoridades no tienen intención de reformar el terrible historial de derechos humanos del país».

Para Majzoub, «la COP28 ya ha puesto al descubierto las barreras de temor y la represión legalizada que asfixia la disidencia en EAU, donde no se permiten protestas en la Zona verde, que está bajo jurisdicción puramente nacional emiratí, donde los y las activistas temen la aplicación de leyes que criminalizan las críticas al gobierno».

Denuncia también que, desde junio, múltiples activistas emiratíes han informado a Amnistía Internacionalde que se ha aislado del exterior a muchas personas disidentes en prisión y de que la única forma de comunicación permitida son llamadas telefónicas supervisadas para pedir a sus familias que les busquen abogado.

«EAU debe poner en libertad inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, retirar los cargos formulados en su contra y poner fin a su implacable ataque contra los derechos humanos y las libertades. Ya es hora de que EAU deje de utilizar el sistema de justicia penal como arma para eliminar al movimiento de derechos humanos del país», ha dicho la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África.

Un juicio colectivo

El nuevo juicio colectivo, del que informó por primera vez el Centro de Defensa de las Personas Detenidas de Emiratos y confirmaron a Amnistía Internacional activistas emiratíes en el exilio, es un procesamiento conjunto de más de 80 personas, algunas de las cuales ya fueron víctimas de un juicio colectivo, como Mohamed al Siddiq, padre de la difunda defensora emiratí de los derechos humanos exiliada Alaa al Siddiq; presos de conciencia como Khalid al Nuaimi, Hadef al Owais, Nasser bin Ghaith y Sultan al Qasimi; y veteranos defensores emiratíes de los derechos humanos como Ahmed Mansoor y Mohamed al Roken.

Según Amnistía Internacional, EAU no hace públicas las actas de acusación formal, las sentencias ni ningún otro documento oficial relacionado con enjuiciamientos de motivación política, y su prensa, sometida a un férreo control, no ha informado hasta la fecha del nuevo juicio colectivo.

La familia de AbdulSalam al Marzooqi, ya en prisión y encausado en el juicio colectivo de 2012-2013 contra 94 personas emiratíes —más de un tercio de las cuales eran firmantes de una petición sin precedentes en favor de la democracia—, cree que AbdulSalam está entre las personas procesadas. Su único contacto con la familia fue para pedir un abogado y se produjo hace más de seis meses. El abogado que se le asignó se ha negado a facilitar información a la familia y se ha limitado a decir que tiene prohibido hacerlo.

“No tengo palabras”, dice Jenan, hija de AbdulSalam, añade: «EAU se ve capaz de cometer cada vez más violaciones de derechos e injusticias porque nadie le exige responsabilidades». Jenan, como el resto de la familia, ha sido despojada de su nacionalidad emiratí y vive en el exilio.

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