Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, y en el caso concreto de Canarias la medida afecta a los municipios de Arona, Granadilla y La Laguna, en Tenerife, y Telde en Gran Canaria.

El artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.

Las actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo siguen dos criterios: por el número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación. Por tanto, afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.

El Defensor del Pueblo ha añadido que el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE», de lo cual la institución «tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos».

Las tres velocidades

Así, un total de 18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria).

Por su parte, han iniciado la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.

Finalmente, ocho municipios están suspendiendo o dando marcha atrás en lo hecho hasta el momento: Ayuntamiento Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón, Valladolid, Castellón de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid) y el Ayuntamiento de Elche (Alicante).

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