La plataforma SOS Rural considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre los regadíos del entorno de Doñana es «perverso de fondo, ya que premia y compra la liquidación de la agricultura vistiéndola de hito histórico para una comarca que va a desmantelar su actividad productiva a medio plazo».
La plataforma ciudadana que agrupa a cientos de organizaciones vinculadas al sector primario de toda España asegura que asiste «con enorme preocupación a un acuerdo que encarna a la perfección el modelo hacia el que se dirige la agricultura y el mundo rural en general en España y en Europa: primero, una hiperregulación programada que hace imposible la actividad productiva; después, la demonización de la agricultura y la ganadería, y, finalmente, ofrecer al desesperado productor una salida», algo que creen que, en pocos años, «dejará sin actividad comarcas enteras y contribuirá al vaciamiento poblacional».
Para SOS Rural, el acuerdo mostrado por la vicepresidenta Teresa Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «supone de facto un ERE voluntario para agricultores que en poco tiempo pasará factura al sector primario andaluz y cuyo objetivo es acabar paulatinamente con el regadío, no sólo de la comarca, sino de toda España».
Según la organización «parte del origen del conflicto estaba en la legalización de los regadíos de las explotaciones agrícolas de los municipios de la Corona Norte de Doñana. La Junta admitía que gran parte éstas estaban en un limbo jurídico. Para acabar con esta situación, en lugar de acomodar a la ley esta actividad ancestral en la zona, la Junta y el Gobierno han pactado acabar con el debate y pagar para el cese de actividad. De esta forma, estos agricultores del entorno recibirán 100.000 euros por hectárea que se van a cobrar en cinco años, 20.000 euros al año. Para recibir este dinero, los agricultores tendrán que dejar de cultivar sus tierras y renaturalizarlas o reforestarlas».
En opinión de SOS Rural, los políticos «convierten la agricultura de Doñana en un jardín privado que liquida la actividad económica y la forma de vida de miles de familias. Van a convertir una rica zona de regadío que aportaba gran valor a Andalucía y el resto de España en un jardín para excursionistas”. El movimiento ciudadano se pregunta: «¿Y luego qué? ¿De dónde traemos la fresa, de Marruecos? ¿Qué será de los hijos de estos agricultores? ¿Y del resto de sectores asociados a la agricultura?». También augura un «negro futuro para la comarca, con familias con algo de dinero en el banco pero sin futuro a medio plazo para ellos y sus hijos».
Por último, consideran que el todo es fruto del modelo «perverso que se ha instalado en España de ir liquidando regadíos vistiéndolo de un falso ecologismo que, a la larga, liquidará nuestra agricultura y nuestra soberanía y seguridad alimentaria».
