La comercialización en España de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea es una de las cuestiones que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo. La institución formuló, a lo largo de 2021, resoluciones para mejorar la transparencia, publicidad y motivación de las resoluciones administrativas por las que se conceden permisos para utilizar estos productos. Se trata de sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud humana, para otros animales como las abejas, o para el medioambiente, y que se utilizan para prevenir y combatir las plagas de los cultivos en situaciones de emergencia fitosanitaria. Por ello, el Defensor del Pueblo considera necesario que la Administración ejerza más control sobre su uso.
Crece la preocupación por el medio ambiente
El informe también aborda la creciente preocupación ciudadana por el medio ambiente como consecuencia del incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la alteración de la vida cotidiana como consecuencia de la COVID-19.
Mar Menor
Durante el pasado ejercicio, los ciudadanos se quejaron del impacto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los espacios protegidos y reclamaron mayor protección de los espacios naturales, como en el caso Mar Menor (Murcia). El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por la la degradación ambiental de esta laguna y se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ministerio para la Transición Ecológica para conocer las actuaciones que estaban llevando a cabo para la restauración del Mar Menor y las que preveían realizar en un futuro.
La sequía, Doña y el Delta del Ebro
La sequía está agravando los conflictos por el reparto del agua entre los distintos usos como el abastecimiento de agua potable o el riego. En este contexto, el Defensor del Pueblo reinició actuaciones por la afección a masas de aguas subterráneas de Doñana. Por otra parte, instó a aplicar un plan de protección del Delta del Ebro que permita corregir los efectos derivados del cambio climático y de la
alteración de los procesos biológicos como consecuencia de la acción del hombre.
Contaminación industrial
La contaminación procedente de instalaciones industriales o del tráfico también protagonizaron actuaciones destacadas en algunas ciudades como Gijón (Asturias) y Madrid. Así, se pidió al Ayuntamiento de Madrid que revisase la regulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que había aprobado, para evitar una rebaja de la protección de la calidad del aire en la ciudad. Además, se urgió al consistorio madrileño
a que estableciese cuanto antes las medidas de seguimiento, control y evaluación contempladas en la nueva ordenanza de movilidad para que se pueda analizar la evolución de los niveles de contaminación en las zonas de especial protección y comprobar el alcance general de la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas.
Realidad social y emergencias
Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “el informe es una radiografía de la realidad social de España, ya que muestra no solo el estado de la Administración sino, aún más, del conjunto de la sociedad”.
Este informe es más que una exigencia legal que se rinde mecánica y burocráticamente, “es una llamada a la reflexión sobre problemas reales, conflictos reales, de personas reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados, o no lo son plenamente, por los poderes públicos”, apunta Gabilondo.
La experiencia de las quejas recibidas permite asegurar que “la pandemia ha puesto más en evidencia la necesidad de atender eficazmente situaciones de emergencia social”. Situaciones con efectos transversales que alcanzan no solo a la atención sanitaria sino a otros derechos fundamentales. En 2021 se ha producido un incremento de la demanda de asistencia de recursos sociales, lo que ha conllevado “un denodado esfuerzo de gestión, no siempre con los resultados deseados”.
Sistema Nacional de Salud
En este contexto, el informe destaca el impacto social y económico provocado por la COVID-19, la traslación directa en el número de quejas recibidas en materia sanitaria que ha supuesto el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas que han afectado, sobre todo, a la salud pública y muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.
La emergencia afectó especialmente a la atención a los mayores en residencias que, “a pesar de la respuesta de los profesionales, ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales de los que allí trabajan y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas”.
Pobreza
Los escritos llegados al Defensor del Pueblo revelan, además, que la pobreza sigue constituyendo un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas. “Basta detenerse en reiterados escritos recibidos en la Institución para comprender hasta qué punto esto es así y que se requiere una actuación específica y directa para afrontarla por parte de toda la sociedad, y muy concretamente de todas las administraciones”.
