“Stop industrial fishing. Protect the oceans” es el lema de la pancarta desplegada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en el puerto de Vigo. Así se han dirigido a los ministros de pesca de la UE que están reunidos con motivo de la Presidencia española de la UE, al ministro Luis Planas y al futuro gobierno. Los activistas exigen que pongan fin a la degradación y destrucción de los océanos provocada por la pesca industrial.
En la actualidad, la sobrepesca aún amenaza las poblaciones de peces y, aunque se ha ido reduciendo en aguas del Atlántico Noreste, en el mar Mediterráneo más del 70 % de las poblaciones evaluadas están sobreexplotadas y más de la mitad de las especies de tiburones, rayas y quimeras están amenazadas.
Por si fuera poco, el cambio climático no hace más que agravar la situación. Según los últimos datos, se superan las peores predicciones con máximos históricos de temperatura desde que tenemos registros: si no se pone fin a las emisiones de gases de efecto invernadero, más del 80 % de la biodiversidad marina estaría en peligro en 2100, siendo los depredadores superiores de la cadena trófica doblemente amenazados por el cambio climático y la pesca y, por tanto, asociados a mayores riesgos de extinción.
La pesca es a su vez vulnerable y responsable al cambio climático. Según la FAO, los productos del mar siguen siendo uno de los alimentos básicos más comercializados internacionalmente (en 2018, 67 millones de toneladas —el 38 % de la producción pesquera y acuícola— fue comercializada internacionalmente). De hecho, dos de cada tres piezas de pescado que se consumen en España proceden de caladeros lejanos, con la huella socioambiental asociada.
Según Marta Martín-Borregón, portavoz de Greenpeace, “estudios recientes evidencian que podría lograrse una recuperación sustancial de la vida marina para 2050, si se mitigan sus principales presiones, incluido el cambio climático. La recuperación de la vida marina representa un gran reto que, además de posible, es una obligación ética y social que no pueden seguir ignorando nuestros responsables políticos de más alto nivel”.
Para Cecilia del Castillo, portavoz de Ecologistas en Acción, “es hora de poner fin a la gestión pesquera a corto plazo, reactiva y escorada hacia la industria altamente destructiva, y apostar por una gestión pesquera basada en la ciencia, diseñada para el largo plazo y adaptada a nivel territorial. La humanidad depende de los océanos para su subsistencia. Las funciones de regulación climática, producción de oxígeno o captación de CO2 permiten la vida en el planeta, es hoy más necesario que nunca acabar con su degradación“.
Ecologistas en Acción y Greenpeace demandan al Consejo de Pesca de la UE, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al futuro gobierno varias medidas. Entre ellas, la prohibición de todas las subvenciones perjudiciales a la pesca en aguas distantes y en alta mar —con escasas excepciones para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo—, y garantizar un acceso justo y equitativo a la financiación para la pesca costera de pequeña escala.
También piden estándares sociales y ambientales de las importaciones para poner fin a las importaciones de pescados y mariscos provenientes de pesquerías destructivas o de aquellas que no respetan los derechos humanos y laborales; apostar contundentemente por la transición hacia una pesca neutra en emisiones de carbono y de menor impacto a través de los fondos de la UE, garantizando un acceso justo y equitativo a la financiación para la pesca de bajura y de pequeña escala; proteger y restaurar los ecosistemas marinos incluyendo las zonas potencialmente relevantes desde un punto de vista pesquero, como zonas de restauración de hábitats de interés para la pesca o Reservas Marinas; comprometerse con la protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables de la pesca de fondo para asegurar la conservación de estos ecosistemas esenciales para la biodiversidad, y distribuir las posibilidades de pesca (cuotas y esfuerzo pesquero) en beneficio de la pesca de bajura y de las comunidades locales de pesca, incluyendo criterios sociales y ambientales en el reparto, como el número de trabajadores o la inyección a la economía local, el aumento de la selectividad, o la reducción de impacto sobre el fondo, siguiendo las recomendaciones científicas para terminar con la sobrepesca.