Tras meses de negociación, el pasado 9 de noviembre el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo acordaron el texto del Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza. En los últimos meses la norma suscitó una fuerte campaña de oposición «que ha resultado en la pérdida de la ambición inicial del texto presentado por la Comisión en junio de 2022», como mantienen las organizaciones. No obstante, la norma sienta las bases para comenzar la urgente restauración de los ecosistemas degradados. Así, el texto final acordado incluye recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados para 2030 y la totalidad de los mismos para 2050 dentro y fuera de Red Natura 2000. Además incluye objetivos de restauración y conectividad fluvial que afectan al menos a 25.000 kilómetros de ríos, revertir el declive de las poblaciones y diversidad de polinizadores y la restauración de ecosistemas forestales y ecosistemas urbanos. El texto incorpora además, «si bien de forma debilitada, la necesaria restauración de los ecosistemas agrícolas, turberas drenadas y medidas para promover la restauración marina mediante una gestión pesquera adecuada». Una vez ratificado, los Estados miembros tendrán 24 meses para elaborar los Planes Nacionales de Restauración.
Este acuerdo constituye una oportunidad significativa para España, un país especialmente vulnerable al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Este reglamento no sólo abrirá las puertas a nuevos fondos procedentes de la Unión Europea, sino que también movilizará inversiones privadas, con el respaldo de estudios que demuestran que cada euro invertido en la restauración de la naturaleza genera un retorno estimado entre 8 y 32 euros.
«El nuevo Reglamento de Restauración de la Naturaleza ofrece a España una oportunidad única para favorecer el interés general. Al aprobar y poner en práctica medidas de restauración eficaces, no sólo contribuiremos a la preservación de nuestros ecosistemas, sino que también se generará empleo y se mejorarán los medios de vida de las comunidades en todo el país», indican las organizaciones, al tiempo que especifican que el enfoque del reglamento «no se limita únicamente a consideraciones medioambientales; representa una oportunidad única para la actividad agrícola y pesquera en España». Destacan el «papel fundamental que desempeñan los agricultores y pescadores como custodios de la naturaleza» y añaden que «cada vez existen más ejemplos que demuestran que la naturalización de campos agrícolas no sólo beneficia al medio ambiente, sino que también crea oportunidades económicas para los propietarios de estas tierras. Al mismo tiempo, una restauración del 15 % de las tierras convertidas a la agricultura podría evitar el 60 % de las extinciones de especies previstas, lo que subraya la importancia de este reglamento en la preservación de la diversidad biológica de España y de toda Europa».
Esta ley es el resultado de una negociación intensa entre diversos actores con intereses enfrentados, cuyo acuerdo refleja, en opinión de las organizaciones, «un sólido compromiso democrático, basado en el diálogo, y que hoy más que nunca ha logrado un acuerdo equilibrado y con suficiente flexibilidad para ser defendido por todos los partidos».
En este contexto, han hecho una llamamiento «a todos los partidos políticos españoles, especialmente a aquellos que se han mostrado en contra de la aprobación de esta ley en anteriores votaciones, para que respalden activamente el reglamento, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como posteriormente en el pleno del Parlamento Europeo. La oportunidad que se presenta es única y esencial para que España fortalezca su resiliencia ante los desafíos ambientales y económicos que enfrenta».
Creen que el reglamento no sólo ofrece «un marco legislativo crucial para la restauración de la naturaleza, sino que también representa un paso adelante en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad». Por ello, los colectivos han alentado a los legisladores a considerar «el potencial transformador de este acuerdo para el paisaje natural y la economía de nuestro país».
«Esta es una votación -concluyen- y una oportunidad única para marcar la diferencia en la protección de nuestro entorno natural y en la construcción de un futuro más sostenible. La colaboración y el apoyo activo de todos los actores políticos serán fundamentales para asegurar que este reglamento sea una herramienta efectiva para la restauración de la naturaleza en Europa y, especialmente, en España».
