Ni los llamamientos de Amnistía Internacional o la Organización Mundial de la Salud para que se garantizase que, como mínimo, el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos estuviera vacunada antes de que finalizara 2021, han servido para que los países ricos y las farmacéuticas dieran el brazo a torcer en un gesto de solidaridad. Caso omiso. Y así lo denuncia la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard: “A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, únicamente el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. ¿Por qué se está negando a los países más pobres el acceso a medicamentos que salvan vidas mientras los países ricos guardan montones de vacunas sin usar?”, se pregunta.
Tampoco da crédito a que la aparición de la variante ómicron no haya servido de aviso a los países ricos y las empresas farmacéuticas «que no han abordado la pandemia en el ámbito global», continúa. «No vacunar a todas las personas —con independencia del lugar donde vivan— hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes. La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas”.
Este año, dirigentes de todo el mundo hicieron numerosas promesas acerca de compartir vacunas, pero las han incumplido una y otra vez. En junio, la cumbre del G7 se comprometió a compartir 1.000 millones de dosis antes de finalizar 2021. En septiembre, el presidente estadounidense Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometieron a donar 900 millones de dosis extras a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de septiembre de 2022. «Aunque esta iniciativa es bienvenida, los países más pobres necesitan vacunas ahora mismo».
El engaño de las farmacéuticas
Según Callamard, «las empresas farmacéuticas tampoco han estado a la altura de las circunstancias. El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer ha afirmado de forma engañosa que su vacuna estaría disponible para cualquier paciente, país y comunidad que busque acceder a ella, cuando, en realidad, ha entregado la gran mayoría de sus vacunas a países de ingresos altos y medianos altos. Su rival, Moderna, a pesar de que sólo pudo desarrollar su vacuna con el apoyo de científicos y científicas del gobierno estadounidense y de enormes cantidades de ayuda económica, también ha dado prioridad a las ventas a países ricos. Ambas empresas siguen entregando menos del 1% de sus existencias a países de ingresos bajos».
Además, Moderna y Pfizer, junto con otros fabricantes de vacunas, AstraZeneca y Johnson & Johnson, se han negado a apoyar unas medidas que levantarían temporalmente la protección de la propiedad intelectual y a compartir tecnología vacunal con otros fabricantes de todo el mundo para permitir un aumento de la producción global.
«Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Ante todo, esta responsabilidad significa que las empresas tienen el deber de no hacer daño”, indica. «Pero, mediante sus acciones y omisiones, los fabricantes de vacunas han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna contra la COVID-19 o han contribuido a ese daño», apunta.
Países pobres sin la primera vacuna
“En torno a esta época del año, se administró la primera vacuna. Más de 365 días después, mientras muchas personas de los países más ricos han recibido hasta tres dosis, muchas más en los países más pobres no han recibido ninguna. Estamos ante la sombría realidad —amplificada por la brutal claridad de la pandemia— de que algunas vidas se consideran más merecedoras de ser salvadas que otras. Es un final de año realmente devastador”, explica Agnès.
“Confiábamos en que la presión internacional ayudaría a los países ricos y grandes farmacéuticas a entrar en razón, dejarían de acaparar vacunas y compartirían los derechos de propiedad Intelectual, pero les ha podido la codicia. Esperemos que entre sus propósitos de año nuevo figure cumplir sus promesas y garantizar que todas las personas tienen la oportunidad de vacunarse».
Los países con ingresos bajos tienen dificultades para abordar una variante nueva y mortal cuando la mayoría de su población ni siquiera ha sido vacunada. A menos que se tomen medidas drásticas, la COVID-19 seguirá causando estragos durante los próximos años y la pregunta clave es qué va a ocurrir si grandes partes del mundo siguen sin estar vacunadas. Nunca ha estado más claro que nadie está a salvo hasta que esté a salvo todo el mundo
2.000 millones de vacunas contra la COVID-19
Desde el 22 de septiembre de 2021, en colaboración con otras entidades como la OMS, Amnistía Internacional viene pidiendo a los Estados y las empresas farmacéuticas, a través de su campaña «Cuenta atrás de 100 días: 2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya«, que garanticen igualdad de acceso a las vacunas de la COVID-19 para que al menos el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos esté vacunada a finales de 2021.
Amnistía Internacional publicará en las próximas semanas un informe con los datos más recientes, detallando cómo las empresas farmacéuticas y los Estados no han dado prioridad a las necesidades de los países pobres.
