La decisión del Consejo, según WWF, «rompe con el anterior acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo, ya que supone una reducción sustancial del ámbito de aplicación de la ley, limitando su aplicabilidad a las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación neta«. Dice la organización que este umbral, significativamente superior a las cifras anteriores de 250 para los sectores de alto riesgo -como el textil, la agricultura, la pesca, el alimentario, entre otros-, y 500 para los demás, «elimina casi el 70% de las empresas del ámbito de aplicación de la directiva».
Uku Lilleväli, responsable de políticas de finanzas sostenibles de la Oficina Europea de Políticas de WWF, ha expresado su preocupación: «Los países de la UE han aprobado la tan necesaria normativa de Diligencia Debida, pero ¿a qué precio? Ha quedado reducida a su mínima expresión, con un marco ya de por sí débil que ahora solo cubre una parte de todas las grandes empresas. Al sucumbir a la narrativa errónea de que esta ley implica cargas burocráticas desproporcionadas para las PYME, y al reducir drásticamente el número de empresas incluidas en la normativa, los gobiernos de la UE han reducido esta ley a la mitad, y con ella el impacto real que podría haber tenido.»
Esta reducción en la ambición de la norma se traduce en que serán menos las empresas que estarán obligadas a fijar objetivos de reducción de emisiones y a adoptar y aplicar planes de transición climática. Entre otras medidas descartadas, el Consejo ha desestimado la disposición fundamental que obligaba a las empresas a ofrecer incentivos económicos a los directivos por aplicar sus planes de transición climática y alcanzar sus objetivos climáticos. Según
Según Lilleväli, «este acuerdo descafeinado ignora por completo las necesidades tanto de las empresas como de las comunidades para hacer frente con eficacia a los efectos de la emergencia climática. Restringir los planes de transición sólidos a solo una pequeña parte de las empresas y no vincular los sueldos de los directivos a estos planes socava la integración de la sostenibilidad en el ADN de las empresas y merma su capacidad para hacer frente a los impactos y riesgos a largo plazo.»
La Directiva, a pesar de las importantes concesiones, sigue siendo una norma esencial y una herramienta válida para que las empresas minimicen sus impactos ambientales y sociales. Por ello, WWF ha pedido a los diputados del Parlamento Europeo que «ratifiquen la ley de Diligencia Debida en las próximas votaciones en comisión y en el pleno, pero también que exijan cláusulas de revisión rápida para endurecer la norma y mejorar sus numerosas lagunas».
