Las asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos UGT y CC.OO han vuelto al Congreso de los Diputados para exigir «reparación y justicia» y solicitar el desbloqueo de la tramitación de la proposición de ley para la creación de un fondo de compensación en los Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores y las trabajadoras del sector. Sin embargo, desde que el pasado 13 de abril el Congreso diera luz verde a esta proposición de ley que ahora tramita la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso se ha ralentizado.
Según Juan Carlos Paul, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid y la Federación de Asociaciones de Víctimas Afectadas por el Amianto, «ahora está el periodo de presentación de enmiendas y es donde el PSOE está constantemente, semana a semana, pidiendo que se amplíe ese plazo. En la legislatura de 2017 ya ocurrió este hecho, que por ir demorando los periodos de presentación de enmiendas, finalmente no dio tiempo a la aprobación de la ley. Queremos que se tramite, que creen una partida preventiva en los presupuestos de 2022 para que, una vez el fondo esté aprobado, se pueda poner en marcha lo antes posible».
Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid ha explicado que «el fondo que pedimos serían 25 millones de euros, que creo que en unos presupuestos es mínimo. Estamos hablando de personas a las que el cáncer les puede sobrevenir. Es difícil de detectar porque algunas están jubiladas cuando les pasa esto. Y queremos ir al modelo francés que sí tiene un fondo de compensación para estas personas que han enfermado, que son trabajadoras y trabajadores que estaban en un centro de trabajo y no tenían ni idea de que había un agente cancerígeno que les estaba perjudicando y que también puede haber afectado a los vecinos que vivían cerca de esos edificios. Lo que no queremos es que las víctimas del amianto no se queden como si no sucediera nada, porque son enfermedades que tardan en dar la cara, sobre todo el mesotelioma, un cáncer que ataca prácticamente al pulmón. Entonces lo que queremos es un poco de dignidad para estas personas y que puedan tener cubiertos unos mínimos, cuando tengan esa enfermedad, para poder seguir subsistiendo».
Por su parte, José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Cataluña incide en el caso de la edad de jubilación. «Nosotros, que somos uno de los colectivos más jóvenes que hemos estado expuestos al amianto, lo que reivindicamos es la jubilación anticipada basándonos en el Real Decreto 1698/2011 que así lo dice, que todos los trabajos que hayan sido tóxicos, penosos, insalubres con altos índices de mortalidad y morbilidad se puedan acoger a ello. Nosotros registramos en 2014 una solicitud al ministerio de trabajo para poder jubilarnos anticipadamente y a día de hoy no se nos ha dado respuesta». En cambio, afirma que «hace poco se ha dado la jubilación anticipada a la Policía Local. Y estamos de acuerdo sí, pueden tener un riesgo mientras dura su vida laboral. Para nosotros no. Para nosotros el peligro va a estar hasta el resto de nuestros días».
Asimismo mantiene que «en España han fallecido unas 40.000 personas por causa del amianto y se espera que hasta el 2040 lo hagan 60.000 más. Esta enfermedad tiene un periodo de latencia que puede ir de los 10 a los 20, 30, 40 o incluso 50 años después de la primera exposición al amianto. Esto es una lotería».
En España 700 personas enferman al año por el amianto. Si bien existe un registro de trabajadores y trabajadoras afectados en grandes empresas, según Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CC.OO, «hay una gran cantidad de trabajadores en empresas más pequeñas, por ejemplo en reparación de aguas, fabricación de ruedas, donde los propios trabajadores no lo sabían. Y después se ha visto que estaban afectados por esas enfermedades. También los familiares que se han visto expuestos porque no se tomaban las medidas de seguridad. Esas personas tampoco están registradas. Entonces hay que hacer una ampliación de la información que se tiene y quienes disponen de ella son los organismos sanitarios, que conocen las patologías. Detrás del amianto siempre ha habido un manto de silencio, tanto por parte de las administraciones como por quienes tienen que gestionar los accidentes de trabajo, porque detrás de esto hay dos cosas: la responsabilidad de no haber tomado las medidas de trabajo y después las indemnizaciones y compensaciones cuando se ha demostrado que las cosas no se han hecho bien».
Actualmente, los casos en nuestro país se concentran en aquellos sectores relacionados con el fibrocemento, «los que utilizaban las materias primas, sobre todo en las fábricas de Uralita. Y luego hay una serie de focos intensos donde están los astilleros, talleres de Renfe, en la zona de Euskadi los Altos Hornos. Tenemos focalizada un área muy concreta de Barcelona y Sardañola, el sector naval de Valencia y Galicia, fibrocemento en Alicante, Sevilla y Valladolid. En Madrid fibrocemento y otras industrias auxiliares como las ferroviarias o talleres de coches de la zona sur. En Zaragoza también hay un número importante de ferroviarios que están enfermos», comenta Juan Carlos Paul.
Pero el alcance de la contaminación por amianto va más allá. Sólo en Madrid hay 70 colegios afectados. Lo mismo ocurre en muchos edificios de los años 60, 70 y 80. Como indica Luis Miguel López Reillo «aún queda mucho trabajo por realizar en la retirada de amianto».
